La reciente advertencia de la Comisión Europea al Gobierno de España ha puesto de manifiesto la falta de cumplimiento en la trasposición de la normativa comunitaria sobre el nuevo régimen fiscal que reemplazará al sistema de tributación por módulos. Este retraso ha generado gran incertidumbre en el sector del transporte y logística, especialmente entre los miles de transportistas autónomos que dependen de este modelo para su operativa financiera.
La normativa europea establecía como límite el pasado 31 de diciembre para que los países miembros adaptaran su legislación a un régimen simplificado del IVA, conocido como régimen de IVA franquiciado. Sin embargo, España no ha cumplido con esta exigencia, lo que ha motivado que Bruselas conceda un plazo máximo de dos meses al Ejecutivo para aclarar cómo procederá con la aplicación de esta norma en su ordenamiento jurídico.
El problema se agrava por la situación de los transportistas que continúan acogidos al régimen de módulos. La incertidumbre creció tras la no convalidación del Decreto-ley Ómnibus en el Congreso, lo que dejó sin efecto la prórroga del límite de facturación anual para este sistema. Esto significa que, desde el inicio del año, miles de profesionales del transporte han visto cómo su situación fiscal cambiaba de forma abrupta, sin una respuesta clara por parte del Ministerio de Hacienda sobre los siguientes pasos a seguir.
Para el transporte y logística, la ausencia de certezas en materia fiscal supone un obstáculo significativo. Los transportistas autónomos organizan su estructura de costos y planifican su actividad en función de un marco tributario estable. Cambios inesperados pueden traducirse en problemas de liquidez, dificultades para acceder a financiación y, en los peores casos, la salida del mercado de muchos profesionales que no pueden asumir una transición repentina a un nuevo sistema de tributación.
Desde las principales asociaciones del sector, se ha insistido en la necesidad de que el Gobierno actúe con rapidez para evitar que la situación derive en un problema mayor. La falta de información y la ausencia de una estrategia clara generan inseguridad jurídica, lo que podría impactar negativamente en la continuidad de la actividad de muchos transportistas.
Ante este escenario, la resolución del conflicto fiscal no solo es una cuestión de cumplimiento normativo a nivel europeo, sino una urgencia para garantizar la estabilidad del sector del transporte y logística en España. Las próximas semanas serán clave para determinar si el Ejecutivo consigue dar una respuesta efectiva que permita a los profesionales del sector planificar su futuro con mayor certidumbre.
Carlos Zubialde
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