Dolor de cabeza, es lo que supone la gestión de la distribución para las empresas de transporte cuando tienen que enfrentarse a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), y no por cumplir con la normativa, sino porque cada ayuntamiento regula su funcionamiento dependiendo de su propia conveniencia, de su color político y capacidad.
El ejemplo más claro y llamativo es el de Valencia, donde el Ayuntamiento ha aprobado la ordenanza de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) donde quedarán excluidos de las restricciones los vehículos asociados a actividades económicas. En pocas palabras, las mercancías quedan fuera de la ZBE.
La normativa, que entrará en vigor desde este 2025 y hasta el 2028 que se supone sea ya plenamente aplicado, contempla medidas para el transporte de mercancías como que los vehículos de abastecimiento y servicios que se presten en la ciudad no tendrán afectación, para proteger de los intereses económicos y sociales. Podemos ver la gran diferencia con otras ciudades, como Madrid, donde el Ayuntamiento aplica sin contemplaciones la ZBE de Madrid360, que había dicho en campaña electoral que derogaría.
No solo las empresas de reparto están exentas, hay un buen número de colectivos que, previa solicitud, quedan exento de cumplir la normativa como las personas con movilidad reducida o familias numerosas. Otros que quedan exentos son los vehículos de emergencias y los coches declarados como “históricos”.
El Ayuntamiento de Valencia ha determinado como Zona de Bajas Emisiones (ZBE) un área de 28 kilómetros cuadrados, vamos, casi toda la ciudad, pero esto no debe de ser una preocupación para sus ciudadanos según el consistorio, ya que hasta el 2028 no será plenamente efectiva la norma, y además la consideran de aplicación “muy blanda”.
Lo que llama muy poderosamente la atención es como algunos Ayuntamientos hacen una lectura restrictiva de la aplicación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), incluso viendo en el transporte un enemigo, y otros, como el caso valenciano, sea plenamente permisivo. Con este caos y cambio tan importante en la aplicación de la norma, las empresas de transporte no pueden afrontar con garantías los cambios que se les exige en la transición ecológica hacia la electrificación del sector.
Carlos Zubialde
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