Representantes sindicales de toda Europa se manifestaron esta semana ante la sede de las instituciones comunitarias en Bruselas para protestar contra el Reglamento EU Inc, la propuesta de la Comisión Europea que busca reducir la burocracia y facilitar el acceso de las empresas al mercado único. Lo que sobre el papel se presenta como una medida de simplificación administrativa ha generado una alarma creciente entre las organizaciones sindicales del continente, que ven en el texto una vía abierta a la deslocalización empresarial dentro de la propia Unión Europea.
El mecanismo que preocupa a los sindicatos es sencillo de entender, según Comisiones Obreras, tal y como está planteado el reglamento permitiría a una empresa que opera en un país como Bélgica registrarse en otro Estado miembro con salario mínimo más bajo y negociación colectiva más débil, como Bulgaria, y emplear a sus trabajadores en peores condiciones, aunque su actividad real siga desarrollándose en el país de origen. Es precisamente ese mecanismo el que definiría a lo que el sector conoce como empresas buzón, sociedades con domicilio social en un país pero actividad efectiva en otro, aprovechando las diferencias regulatorias y laborales entre distintos Estados miembro.
La Confederación Europea de Sindicatos ha ido un paso más allá en su valoración, advirtiendo de que este tipo de prácticas podría desencadenar una competencia a la baja en salarios y condiciones laborales en todo el continente, un riesgo que resulta especialmente sensible para sectores como el transporte por carretera, donde la deslocalización de empresas hacia países del este de Europa ya ha sido durante años objeto de denuncia por parte de las patronales de transporte de los países de Europa Occidental, precisamente por el mismo tipo de dumping social que ahora temen los sindicatos que este reglamento podría facilitar todavía más.
Según recoge Comisiones Obreras, la propia Comisión Europea ha reconocido que esa deslocalización estratégica no era su intención al diseñar la norma, pero el texto actual no incorpora ninguna salvaguardia legal específica que impida este tipo de reubicaciones empresariales con fines poco claros. Esa ausencia de garantías es precisamente el argumento central de la protesta sindical, que reclama incorporar mecanismos de control antes de que el reglamento avance en su tramitación.
Para el sector del transporte de mercancías por carretera, un ámbito donde la competencia entre operadores de distintos países ya genera fricciones constantes por las diferencias de coste laboral y fiscal entre Estados miembros, la eventual aprobación de este reglamento sin las salvaguardias que reclaman los sindicatos podría añadir una nueva vía de competencia desleal a un debate que el propio sector viene arrastrando desde hace años, esta vez no limitada a la subcontratación de conductores de terceros países, sino extendida a la propia ubicación legal de la empresa transportista dentro del territorio de la Unión Europea.
Carlos Zubialde
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