La fiscalidad asociada al automóvil aportó 41.995 millones de euros a las arcas públicas en 2025, según los cálculos de Anfac, a los que se suman unos 500 millones de euros ingresados por la DGT en multas. Frente a esa recaudación, el estado de la red viaria sigue empeorando, y así lo refleja la Asociación Española de la Carretera, que estima que el 52% de la red analizada presenta deterioros graves o muy graves y que cerca de 34.000 kilómetros necesitan una reconstrucción urgente.
Un análisis publicado por el economista y profesor de EAE Business School Juan Carlos Higueras en La Razón pone en relación ambas cifras para cuestionar el destino de esos ingresos. El vehículo tributa en prácticamente todas las fases de su vida útil, en la compra, la matriculación, el consumo de combustible, el seguro, los cambios de titularidad, el paso por taller, el impuesto de circulación y la ITV, y la recaudación por infracciones añade un último eslabón. Sin embargo, el déficit acumulado de conservación asciende a 13.491 millones de euros, el equivalente a 34 euros por cada 100 que genera fiscalmente el automóvil, una cifra que ilustra la distancia entre lo que se ingresa y lo que se reinvierte en mantener la infraestructura.
El autor subraya además que las multas de la DGT se destinan en teoría a seguridad vial, un ámbito que no incluye la reparación de carreteras, lo que implica sancionar por circular incorrectamente por una infraestructura cuyo mantenimiento presenta serias deficiencias. A la recaudación nacional se suma la aportación europea, con 900 millones de euros movilizados desde fondos comunitarios para 150 actuaciones en carreteras estatales, orientadas a seguridad, sostenibilidad, digitalización y modernización, aunque el análisis critica que en paralelo se multipliquen los radares y dispositivos de control mientras la conservación sigue pendiente.
El argumento de fondo es de naturaleza económica. Aplazar el mantenimiento no supone ahorrar, sino trasladar la factura al futuro con un coste mayor, porque un firme que hoy puede rehabilitarse mañana habrá que reconstruirlo, una operación mucho más cara. Mientras tanto, el deterioro incrementa el consumo de combustible, el desgaste de los vehículos, los costes logísticos y el riesgo de accidentes.
Para el transporte de mercancías por carretera, que utiliza la red de forma intensiva y ha reclamado en las últimas semanas reactivar el plan de conservación de más de 1.000 millones de euros del Ministerio de Transportes, esta lectura encaja con una preocupación ya expresada por las patronales del sector, la de que una red mal conservada se traduce en mayores costes de explotación para las empresas, que terminan asumiendo por su cuenta el coste de una infraestructura por la que ya tributan de forma intensiva.
Carlos Zubialde
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