El Gobierno ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado el tercer decreto de medidas anticrisis por la guerra de Irán, que estará en vigor durante el último trimestre del año. El texto repite el mismo mecanismo aplicado entre julio y septiembre, vincular la ayuda al transporte a la rebaja general del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, en lugar de volver a un sistema de subvención directa como el que rigió entre marzo y junio. Ni el formato ni la cuantía han cambiado pese a las peticiones del sector, que reclamaba ambas cosas.
El diseño busca que los transportistas acogidos al gasóleo profesional perciban un alivio constante de 20 céntimos por litro durante los tres próximos meses, combinando la rebaja fiscal que beneficia a cualquier consumidor con una bonificación complementaria específica para el sector. La rebaja general del impuesto será de 20 céntimos en octubre, 13 en noviembre y 6 en diciembre, mientras la ayuda complementaria a través del gasóleo profesional completará esa diferencia hasta los 25 céntimos, ya que los transportistas cuentan de por sí con una devolución habitual de 5 céntimos por litro. En la práctica, la bonificación específica al transporte será de 5 céntimos en octubre, 12 en noviembre y 19 en diciembre. El decreto incluye además una cláusula de salvaguarda, si la inflación interanual del combustible supera el 15% en algún mes, la rebaja general volverá a situarse en 20 céntimos, y entonces la ayuda específica al transporte volverá a caer a 5 céntimos.
Para los vehículos que no tienen acceso al gasóleo profesional, el decreto mantiene ayudas únicas por vehículo, 1.800 euros para camiones de 7,5 toneladas o más que no acceden a ese mecanismo por circular con gas o estar domiciliados en Canarias, Ceuta o Melilla, una cuantía que en este caso no variará aunque baje la rebaja fiscal general. Los camiones medios de menos de 7,5 toneladas recibirán 399 euros, y las furgonetas 180 euros, importes que en estos dos últimos casos sí se reducirán a la mitad si sube la rebaja del impuesto. La Agencia Tributaria abrirá en las próximas semanas el proceso de solicitud para estos vehículos sin gasóleo profesional, mientras el resto cobra directamente a través de ese mecanismo según los litros consumidos.
La reacción de las patronales ha sido de decepción generalizada. CETM valora que el Gobierno haya mantenido las ayudas, evitando que desaparecieran este 30 de septiembre, pero las considera claramente insuficientes ante un precio del gasóleo que ha pasado de 1,44 euros por litro al inicio del conflicto a 1,93 euros actuales, un incremento superior al 40%. Su presidente, Carmelo González, ha calificado de inasumible la situación para muchas empresas, con márgenes que se reducen hasta desaparecer, y ha vinculado el problema con la inflación, que en septiembre alcanzó el 4,9% según el dato adelantado, con los carburantes entre los factores que empujan esa cifra al alza. La confederación reclama además el pago inmediato de las ayudas del primer paquete, todavía pendientes en muchas empresas tras seis meses pagando el gasóleo prácticamente al contado.
Fenadismer centra su crítica en el propio formato de gestión, rechazando de forma tajante que las bonificaciones vuelvan a tramitarse a través de las estaciones de servicio, ya que sostiene que buena parte de la rebaja fiscal se ha quedado en el margen de las gasolineras en lugar de llegar al transportista. La federación exige que el total de las ayudas se transfiera directamente a las cuentas de los transportistas, y avisa de que exigirá una rectificación automática si el conflicto internacional provoca un nuevo repunte del petróleo. Astic, por su parte, además de considerar insuficiente la cuantía, denuncia la disparidad en el ritmo de pago de las ayudas ya aprobadas, con empresas que a día de hoy no han recibido un solo euro, otras que solo han cobrado pagos parciales, y solo una minoría que ha percibido la totalidad de lo que le correspondía.
Con las principales organizaciones del sector coincidiendo en que el paquete se queda corto, tanto en cuantía como en agilidad de pago, el Gobierno afronta el último trimestre del año con un mecanismo de ayudas que, aunque mantiene la protección frente a la escalada del gasóleo, no logra despejar la principal reivindicación del transporte, disponer de una compensación estable, suficiente y que llegue a tiempo a la tesorería de las empresas.
Carlos Zubialde
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