El Documento Electrónico de Control Administrativo es obligatorio desde el pasado lunes, y el sector llega a esa fecha con un nivel de preparación notable. El 61,54% de las empresas de la cadena de transporte había iniciado ya su proyecto de digitalización documental tres meses antes de que la obligación entrara en vigor, según el II Estudio sobre Retos y beneficios de la digitalización documental del transporte de mercancías por carretera, elaborado por el Centro Español de Logística y la tecnológica Fieldeas. La conclusión de los autores es que la obligatoriedad ha actuado como palanca, pero que el valor de la transformación está en extenderla al conjunto de los documentos de la operación.
El estudio identifica con claridad qué empuja a las empresas. La mejora de la trazabilidad de las operaciones (79,16%), la eficiencia operativa (70,83%) y la reducción de errores y tiempos administrativos (60,41%) encabezan los factores que impulsan el cambio, y esos mismos elementos aparecen entre los beneficios que ya perciben quienes han empezado. La trazabilidad y el seguimiento de las cargas lideran con el 47,91%, seguidos por la reducción de errores y de tiempos de procesamiento, ambos con el 45,83%, la mejora de la sostenibilidad (43,75%) y la eficiencia del transporte (41,66%). Entre las empresas que todavía no han digitalizado, la expectativa es incluso mayor, con un 76,66% que espera ganar en trazabilidad y un 43,33% que cuenta con reducir costes.
El matiz más relevante del informe es que los beneficios económicos no llegan solo con el DeCA. Miguel Quintana, director general de Ibertinsa, lo resume diciendo que el documento de control digitaliza una obligación administrativa y por sí mismo no ofrece ventajas tangibles, pero sirve de punto de partida, y sitúa los retornos reales, un único registro de datos, menos papel y cobros más rápidos, en la carta de porte y el eCMR. Santiago Vesga, director de Innovación y Desarrollo del CEL, añade que las empresas que se adelantaron a la obligación no empezaron necesariamente por el DeCA, sino por documentos de más valor operativo, como el albarán, que permite cobrar antes y asegurar la entrega. Desde el lado cargador, responsables de Tendam, Cerealto o Persán coinciden en que disponer del dato fiable y accesible permite facturar antes y hacer más con menos recursos.
El contraste con el eCMR, la versión digital de la carta de porte internacional, marca la distancia que queda por recorrer. Según el estudio de 2024, solo un 6% de las empresas lo había implantado, y la normativa europea no obliga a utilizarlo. El Reglamento eFTI exige únicamente que los Estados acepten los documentos de transporte en formato electrónico, como muy tarde el 9 de julio de 2027, sin imponer a las empresas su presentación digital. Aun así, el 47,91% de las compañías que han digitalizado asegura haber tomado decisiones compatibles con ese reglamento, un indicio de que parte del sector se está anticipando.
Los obstáculos señalados son, sobre todo, humanos y de integración. La resistencia al cambio, con el 64,5%, es la principal barrera entre las empresas que ya han empezado, y afecta tanto a departamentos internos como a conductores, proveedores y clientes. Los problemas de integración alcanzan al 43,7%, y el 54,1% de los profesionales cree que la interoperabilidad será una barrera para avanzar. Pese a ello, el 77% se declara preparado para compartir datos de forma segura, lo que sugiere que el problema no es la voluntad, sino conectar los sistemas. Óscar López, de Fieldeas, defiende que el reto ya no es tecnológico sino de ecosistema, y la compañía trabaja desde hace año y medio con la IRU en un marco común de intercambio.
Ángel Soret, subdirector general de Inspección del Transporte por Carretera y Ferrocarril, advirtió de que pararse en el DeCA no sería una buena política y animó a las empresas a pensar más allá de un PDF y un código QR. Elena Atance, directora general de Transporte por Carretera y Ferrocarril, destacó el valor de estudios como este para orientar las políticas públicas. La cadena de transporte reclama, para consolidar el cambio, cinco condiciones: un marco normativo claro y estable, interoperabilidad entre soluciones, adaptación a la operativa real, coordinación entre todos los actores y tiempo suficiente para gestionar el cambio cultural.
Carlos Zubialde
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