La patronal UNO y la Asociación Provincial de Logística de Guadalajara, integrada en CEOE-CEPYME Guadalajara, han alcanzado un acuerdo con CCOO y UGT para la firma del convenio colectivo del sector de la provincia. El pacto tendrá una vigencia de cuatro años y se presenta como un marco estable, tanto para las personas trabajadoras como para las empresas, que ganan previsibilidad en una partida, la laboral, que condiciona buena parte de los costes de una operación logística.
El elemento central es el calendario salarial. Las tablas subirán un 4,25% en 2026, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, un 3,5% en 2027 y en 2028, y un 3% en 2029, con cláusulas de revisión vinculadas a la evolución real del IPC. Sumadas, las cuatro subidas suponen un incremento acumulado de alrededor del 15%, un cálculo propio sobre los porcentajes pactados que no incluye el efecto de las cláusulas de revisión, y que da una idea del esfuerzo que asumirán las plantillas y las empresas a lo largo del convenio.
La segunda pieza es el tiempo de trabajo. La jornada anual quedará establecida en 1.784 horas a partir de 2027, una reducción que el comunicado incluye entre las mejoras del acuerdo sin detallar de qué cifra se parte ni cómo se aplicará en la práctica, algo que condiciona su efecto real sobre la organización de turnos y los costes de almacén. El texto menciona también mejoras en los pluses de fines de semana y festivos, un aspecto sensible en un sector donde la actividad no se detiene, y avances en derechos laborales y en prevención de riesgos laborales, aunque la nota tampoco concreta su alcance.
Hay un matiz en el efecto retroactivo. Al abarcar desde el 1 de enero de 2026, las empresas deberán regularizar nueve meses de diferencias salariales en el momento de la firma, un pago acumulado que puede pesar en la tesorería de una pyme logística más de lo que sugiere el porcentaje anual. Para quienes calculan tarifas con costes de personal ya cerrados, conviene revisar cómo han repercutido esa subida a sus clientes y si los contratos vigentes contemplan una actualización.
Las dos organizaciones empresariales ponen el acento en la estabilidad y la seguridad jurídica, y destacan que el acuerdo es fruto del diálogo social y de la voluntad de entendimiento entre las partes. Es un mensaje habitual en una firma de convenio, y lo cierto es que un marco a cuatro años reduce la incertidumbre de la negociación, aunque las cláusulas de revisión por IPC la mantienen en parte, porque el coste final dependerá de la inflación de los próximos ejercicios.
El caso tiene lectura más allá de Guadalajara. Un convenio provincial que combina subidas por encima del 3% anual, reducción de jornada y mejora de pluses marca una referencia para otras negociaciones del sector, donde las empresas compiten por conductores y operarios con salarios, horarios y condiciones. Si esa referencia se extiende, el margen que hoy tienen muchas operaciones para absorber el coste laboral sin tocar tarifas será cada vez más estrecho.
Queda abierta una pregunta práctica para operadores y cargadores: cuánto de este coste laboral acabará trasladándose a precios, y cuánto se compensará con productividad, automatización o una mejor planificación de turnos.
Carlos Zubialde
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