Dos movimientos simultáneos han despejado este lunes una de las incertidumbres que más tensión acumulaba en el sector del transporte por carretera desde marzo: la Comisión Europea ha dado luz verde al programa español de ayudas al combustible profesional, dotado con 402 millones de euros, y el Consejo de Ministros ha aprobado en sesión extraordinaria la prórroga de esas mismas medidas hasta el 30 de septiembre, evitando que caducaran este martes sin continuidad. El visto bueno de Bruselas era el requisito pendiente que impedía a los transportistas cobrar la bonificación de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional aprobada en marzo. A partir de ahora, esa ayuda puede percibirse con carácter retroactivo desde el 22 de marzo, fecha en que entró en vigor el decreto original.
La Comisión Europea ha aprobado el programa dentro del Marco Temporal de Ayudas Estatales para la Crisis de Oriente Medio, el denominado METSAF, adoptado por Bruselas el 29 de abril de 2026 para permitir a los Estados miembros apoyar los sectores más expuestos al encarecimiento energético derivado del conflicto. El Ejecutivo comunitario ha concluido que el régimen español es necesario, adecuado y proporcionado, y no limita el importe que puede recibir cada empresa acogida al gasóleo profesional, lo que despeja una preocupación concreta del sector: que las grandes flotas vieran topada su ayuda. Para los transportistas con derecho al reembolso parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos, la bonificación puede cubrir hasta el 70% de los costes adicionales de combustible derivados de la crisis, acumulados entre el 1 de marzo y el 30 de junio. Para quienes no tienen acceso al gasóleo profesional, como determinados autónomos y titulares de autobuses urbanos, la ayuda se limita a 50.000 euros por empresa o cubre hasta el 70% de los costes adicionales entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2026.
El retraso en la aprobación comunitaria había generado un malestar creciente en el sector durante más de tres meses, agudizado por el contraste con otros sectores como la pesca y la agricultura, que habían recibido el visto bueno de Bruselas para una ayuda idéntica en condiciones similares semanas antes.
La prórroga aprobada hoy por el Gobierno no es, sin embargo, una extensión en las mismas condiciones que el decreto de marzo. La bonificación de 20 céntimos por litro que los transportistas percibirán de forma retroactiva desde marzo irá reduciéndose de forma progresiva durante los tres meses de prórroga: 15 céntimos en julio, 10 en agosto y 5 en septiembre. El Gobierno justifica esa reducción escalonada en una cierta moderación de la incertidumbre en los mercados internacionales de energía, con una bajada parcial de los precios del combustible que todavía no ha devuelto los niveles previos al conflicto. El decreto mantiene no obstante una cláusula automática de reactivación: si la situación se agrava y la inflación de los carburantes vuelve a dispararse, la bonificación recupera automáticamente los 20 céntimos originales sin necesidad de un nuevo decreto.
El METSAF estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, con revisiones periódicas en función de la evolución del conflicto y de la situación económica general. El marco cubre también a los sectores agrícola y pesquero, y permite formas adicionales de apoyo para industrias de alto consumo energético, incluyendo mayor flexibilidad en las ayudas para hacer frente a picos de precios de electricidad.
Como medida complementaria, el Gobierno refuerza el mecanismo de control sobre las estaciones de servicio para garantizar que las rebajas impositivas se trasladan efectivamente al precio final. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá publicar una lista de gasolineras con comportamientos anómalos, una herramienta que ya se reclamaba desde el sector en las primeras semanas de vigencia de las ayudas de marzo, cuando varias organizaciones denunciaron que parte de la rebaja estaba siendo absorbida por los márgenes de las distribuidoras sin repercutirse al consumidor.
El Gobierno estima que el conjunto de medidas prorrogadas supondrá un ahorro para empresas y ciudadanos de 1.254 millones de euros durante su periodo de vigencia.
Carlos Zubialde
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