Comisiones Obreras y UGT han lanzado un ultimátum al Gobierno, exigiendo que antes del 31 de julio apruebe un sistema efectivo de control del registro horario de la jornada laboral. Los sindicatos amenazan con no ratificar nuevos acuerdos legislativos si el Ejecutivo no actúa, y sostienen que existen instrumentos legales suficientes para implantar ese control al margen de la reforma que fracasó recientemente en el Congreso de los Diputados.
El dato que sostiene la presión sindical es contundente para cualquiera que gestione personal en almacén o distribución, ya que según cifras de UGT, en España se realizan cada semana 2,5 millones de horas extraordinarias que no se pagan ni se cotizan a la Seguridad Social. Para las dos centrales, el registro horario ya cuenta con todos los informes técnicos necesarios y solo depende de una decisión del Consejo de Ministros, no de un nuevo trámite parlamentario que vuelva a bloquearse.
La urgencia sindical tiene también un componente estacional, porque Comisiones Obreras y UGT sitúan esta reivindicación en el arranque de la campaña de verano, cuando los excesos de jornada tienden a dispararse en sectores como la hostelería, el comercio o el turismo. La logística y el transporte no aparecen citados de forma explícita en la reivindicación, pero conviene no perder de vista que comparten con esos sectores un patrón similar, picos de actividad estacional que se cubren con jornadas extendidas y plantillas ajustadas.
Para los operadores logísticos, un almacén, un centro de distribución o una flota de reparto, la cuestión no es menor, porque un sistema de control horario efectivo no cambia solo el papeleo, cambia la forma en que se planifican los turnos, se contratan refuerzos temporales y se calculan los costes laborales reales de una operación. Si las inspecciones de trabajo cuentan a partir de ahora con una herramienta más fiable para detectar horas extra no declaradas, las empresas que hoy amortiguan picos de demanda con jornadas informales tendrán que revisar ese modelo, porque el margen para seguir operando así se estrecha.
El propio bloqueo parlamentario de la reforma anterior deja además una pregunta abierta sobre la vía que finalmente elegirá el Gobierno. Aprobar el sistema por decreto, sorteando al Congreso, resolvería la urgencia sindical, pero también dejaría a las empresas del sector con menos margen de adaptación del que hubiera dado una tramitación ordinaria, con sus plazos y sus periodos de alegaciones.
Mientras se resuelve si la medida llega por ley o por decreto, la pregunta que debería hacerse cualquier responsable de operaciones es más práctica, si su empresa sabría hoy mismo, sin necesidad de que llegue una inspección, cuántas horas extra se están generando cada semana y si esas horas ya están correctamente registradas y compensadas.
Carlos Zubialde
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