La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha estimado el recurso de Glovo contra una resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social que obligaba a la compañía a dar de alta a sus repartidores, y ha concluido que, en el caso analizado, no existe relación laboral. Según la sentencia, la plataforma ha conseguido desvirtuar la presunción de laboralidad que la ley establece para los repartidores de las plataformas digitales desde 2021, porque el modelo de trabajo que aplica, conocido como Flex, incorpora elementos suficientes de autonomía organizativa para diferenciarlo del trabajo asalariado. La sentencia puede recurrirse.

La llamada ley rider, que reformó el Estatuto de los Trabajadores, presume que quienes reparten para una plataforma digital que organiza su trabajo mediante un algoritmo son asalariados, salvo que la empresa demuestre lo contrario. Es esa prueba la que el tribunal extremeño considera que Glovo ha aportado. Entre los elementos que ha valorado figuran la libertad de los repartidores para aceptar o rechazar pedidos sin sufrir penalizaciones, la posibilidad de conectarse y desconectarse de la aplicación sin limitaciones, la ausencia de exclusividad y la facultad de recurrir a sustitutos para hacer el trabajo, condiciones que según la Sala difieren de las que sustentaron pronunciamientos anteriores contra la empresa.

Esa diferencia es lo que da relevancia a la sentencia. Durante años, los tribunales, con el Supremo a la cabeza, han considerado que los repartidores de Glovo eran falsos autónomos porque la plataforma controlaba en la práctica cómo, cuándo y por cuánto trabajaban, y la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social han reclamado a la compañía cuotas y altas de oficio en varias comunidades. El fallo extremeño no contradice esa doctrina, sino que entiende que el modelo Flex cambia las condiciones de las que partía, y lo hace además en la jurisdicción contencioso-administrativa, la que revisa las resoluciones de la Administración, y no en la social, que es la que resuelve las demandas de los trabajadores.

La decisión llega en un momento en que la frontera entre trabajador por cuenta propia y ajena vuelve a estar en el centro de la última milla. Uber acaba de lanzar en doce ciudades españolas un servicio de mensajería urbana sin aclarar cómo se organizan sus repartidores, y la policía ha desarticulado en Madrid una red que explotaba a repartidores en situación irregular dentro de cadenas de subcontratación de paquetería. En los tres casos la pregunta es la misma, quién controla realmente la actividad de quien entrega el paquete.

El recorrido de la sentencia dependerá de lo que decida el Tribunal Supremo si la Seguridad Social la recurre, y de si otros tribunales, en particular los de lo social, aceptan que un modelo como Flex basta para desvirtuar la presunción de la ley rider. Si esa interpretación se consolida, las plataformas tendrán una vía para demostrar la autonomía de sus repartidores ajustando las condiciones de la aplicación, y el debate sobre la laboralidad pasará a librarse más sobre los detalles de cada modelo que sobre la ley que lo regula.

Carlos Zubialde

[email protected]