El Gobierno actual ya no tiene margen de tiempo ni capacidad legal para aprobar los coeficientes reductores que permitirían jubilarse antes a los conductores profesionales, según la federación de transportistas autónomos y pymes Fenadismer, que ha lamentado el retraso acumulado en la tramitación. La organización basa su conclusión en dos factores, los pasos administrativos que todavía faltan para completar el expediente y los límites que impone el calendario electoral, con las elecciones generales del 29 de noviembre a once días.

El procedimiento ha dado, sin embargo, un paso que llevaba meses esperándose. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha pedido a patronales y sindicatos que designen a sus vocales en la Comisión de Evaluación, el órgano que debe analizar los informes técnicos, y prevé constituirla en las próximas semanas. Según la información publicada, una vez formada la comisión tendrá un mes para estudiar los informes de siniestralidad, penosidad y peligrosidad de la profesión y decidir si procede aplicar coeficientes reductores. Después se abrirá un trámite de audiencia en el que las organizaciones que presentaron la solicitud podrán hacer alegaciones, se redactará el real decreto y el texto tendrá que aprobarse en Consejo de Ministros.

Ese último paso es el que, según Fenadismer, ya no está al alcance del Ejecutivo actual. Tras las elecciones, el Gobierno pasará a estar en funciones, una situación en la que la ley limita su actividad al despacho ordinario de los asuntos públicos, a la formación del nuevo Gobierno y al traspaso de poderes, salvo casos de urgencia o de interés general acreditados, y no le permite aprobar medidas reglamentarias de este calado. Con un mes de plazo para la comisión, más el trámite de audiencia y la redacción del texto, el real decreto llegaría al Consejo de Ministros cuando el nuevo Ejecutivo ya esté formado, como pronto.

La previsión de Fenadismer choca con los plazos que manejan los sindicatos. UGT ha anunciado que impulsará una huelga indefinida en el transporte de mercancías y viajeros por carretera si la Comisión de Evaluación no se convoca antes del 29 de noviembre, y CCOO mantiene la huelga en el transporte de mercancías del 23 y 24 de diciembre y baraja otra indefinida para la segunda quincena de marzo si el expediente no se resuelve en el próximo Consejo de Ministros. La convocatoria de la comisión, si se produce antes de las elecciones, cumpliría formalmente la condición de UGT, pero no la aprobación del real decreto que reclama CCOO.

La solicitud de coeficientes reductores la presentaron conjuntamente en octubre de 2025 la patronal CETM, los sindicatos CCOO y UGT, las patronales del transporte de viajeros y de grúas, y fue apoyada después por Fenadismer. Más de un año después, el expediente queda a la espera de una comisión que todavía no se ha reunido y de un Gobierno que todavía no existe, y la mediación pendiente en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje será el primer momento para saber si los sindicatos ajustan sus convocatorias a ese nuevo calendario.

Carlos Zubialde

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