El rechazo del Congreso de los Diputados a mantener la deducción en el IRPF por la compra de vehículos eléctricos ha reabierto el debate sobre la falta de estabilidad de las políticas de impulso a la movilidad eléctrica en España. Tras la derogación del Real Decreto 16/2025, el sector vuelve a enfrentarse a un escenario de incertidumbre que pone en riesgo la senda de crecimiento alcanzada en los últimos años.
La decisión parlamentaria deja sin efecto, para 2026, la deducción fiscal del 15% en el IRPF —hasta un máximo de 3.000 euros— tanto para la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos enchufables como para la instalación de puntos de recarga. Un incentivo que, junto a las ayudas del plan Moves III y a los programas autonómicos, ha sido clave para el despegue del mercado.
El momento no es menor. El mercado cerró el pasado año con un hito histórico: más de 245.000 vehículos electrificados vendidos y una cuota de mercado que ya alcanza el 18%. Un avance que ha requerido un esfuerzo sostenido por parte de fabricantes, concesionarios, administraciones y consumidores, y que ahora podría verse comprometido por la retirada abrupta de mecanismos de apoyo.
Desde la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) advierten de que el principal riesgo no es únicamente la pérdida puntual de una ayuda, sino el mensaje que se traslada al mercado. La electrificación, insisten, requiere visibilidad, estabilidad y confianza. Cambios regulatorios de este tipo generan dudas en los consumidores y ralentizan decisiones de compra que, por su naturaleza, ya implican una inversión relevante.
La retirada de incentivos fiscales amenaza con frenar la electrificación del mercado del automóvil
Por este motivo, la asociación reclama la activación urgente del Plan Auto+ y la recuperación de la deducción fiscal en el IRPF, con efectos retroactivos desde el 1 de enero. El objetivo es evitar un parón en la demanda y garantizar que la transición hacia el vehículo eléctrico mantenga un ritmo compatible con los objetivos de descarbonización marcados por la Unión Europea.
La situación es especialmente delicada en el ámbito profesional y del transporte. Anfac recuerda que desde hace casi dos años no existen ayudas específicas para la descarbonización de flotas de camiones y autobuses, un segmento clave tanto por su peso en emisiones como por su papel estratégico en la movilidad y la logística. La ausencia de incentivos estables dificulta la renovación de flotas y retrasa la adopción de tecnologías de cero y bajas emisiones en el transporte pesado.
El sector del automóvil se encuentra inmerso en una transformación profunda, con inversiones millonarias ya comprometidas y una hoja de ruta claramente alineada con la electrificación. En este contexto, un frenazo en la demanda no solo afecta a las ventas a corto plazo, sino que compromete la planificación industrial, el empleo y la competitividad del tejido productivo.
Desde Anfac insisten en que un parón en este momento sería un duro golpe para una industria que ha asumido los objetivos de descarbonización como un eje estratégico y que necesita un marco regulatorio coherente para sostener el esfuerzo. También alertan del riesgo de generar una nueva desconfianza entre los ciudadanos hacia las nuevas tecnologías, justo cuando el mercado empezaba a mostrar señales claras de madurez.
La transición hacia la movilidad eléctrica no se construye con medidas puntuales ni con incentivos intermitentes. Requiere continuidad, previsibilidad y una estrategia a medio y largo plazo que acompañe al mercado en todas sus fases. Sin ese marco estable, el riesgo no es solo frenar el crecimiento, sino erosionar la credibilidad de todo el proceso de transformación.
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