El DeCA es obligatorio en formato digital desde el 5 de octubre, y apenas unos días después las organizaciones del transporte y la carga ya han marcado posiciones distintas sobre cómo debe aplicarse. ASTIC, la Asociación del Transporte Internacional por Carretera, ha pedido a la Administración más flexibilidad y periodos transitorios que permitan una implantación ordenada, con el precedente del tacógrafo inteligente de segunda generación y de las zonas de bajas emisiones, donde la aplicación efectiva llegó de forma escalonada. La petición no concreta cuánto debería durar ese margen, un detalle que importa, porque de él depende que sea un aplazamiento o una fase inicial de tolerancia en las inspecciones.
El argumento de fondo es de plazos según Ramón Valdivia, vicepresidente ejecutivo de ASTIC, las empresas han dispuesto de unos diez meses desde que la Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible abrió la cuenta atrás, y cuando una obligación exige cambios tecnológicos y operativos ese margen se queda corto. A su juicio, cada minuto que un conductor dedica a documentación y cada incidencia que no llega en tiempo real al sistema de gestión es un coste que un sector con márgenes estrechos y falta de profesionales no puede asumir. La organización insiste, sin embargo, en que la digitalización no debe verse solo como una carga, porque aporta trazabilidad, menos errores, mayor seguridad jurídica y ahorro de costes.
Esa postura no es la única, porque ACE, que agrupa a los cargadores, no solicita aplazar la obligación, aunque sí proporcionalidad en la fase inicial, de modo que se priorice informar y corregir los errores propios de la adaptación antes que sancionar. Su secretaria general, Nuria Lacaci, advierte además de que el valor del DeCA no está en sustituir un papel por un PDF, sino en los datos, y de que no conviene cambiar la fragmentación del papel por una fragmentación digital. Fenadismer también pide flexibilidad, mientras que AECOC, según recoge ACE, rechaza retrasar la entrada en vigor.
La discusión tiene una base sobre su aplicación práctica. La obligación recae tanto en el cargador contractual como en el transportista efectivo, de modo que un fallo en el flujo de información entre ambos, agravado por la subcontratación, deja a los dos expuestos. Las grandes empresas llevan tiempo ajustando sus sistemas, pero muchas pymes y autónomos parten con menos digitalización y con dudas sobre qué deben hacer exactamente, lo que explica por qué la petición de margen procede de quienes más sienten el calendario.
Falta saber si la Administración atenderá la demanda de parte del sector, pero de momento no consta que haya anunciado una moratoria formal ni un periodo de tolerancia, por lo que quien opera hoy debe asumir que la obligación está plenamente en vigor. El DeCA afecta al transporte público de mercancías con origen y destino en España y a las operaciones de cabotaje, y queda al margen el transporte internacional, salvo los tramos de cabotaje.
Para el transporte, por el momento, la cosa va hacia adelante, por lo que conviene comprobar que el documento se genera antes de iniciar el transporte, que el conductor lo tiene accesible en ruta y que cargador y transportista saben quién responde en cada tramo si algo cambia durante el viaje. Mientras la Administración no aclare su criterio, la mejor defensa ante una inspección es poder demostrar que el proceso está funcionando, aunque aún no sea perfecto.
Carlos Zubialde
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