La Confederación Española de Transporte de Mercancías ha manifestado públicamente su inquietud ante las iniciativas que actualmente se discuten en el seno de la Unión Europea y que plantean la implantación de cuotas obligatorias para la adquisición o utilización de vehículos pesados de cero emisiones. La organización ha trasladado esta preocupación al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a través de diferentes comunicaciones dirigidas a su titular, Óscar Puente, advirtiendo de que se trata de propuestas adelantadas a la realidad tecnológica y operativa del sector.
Aunque algunas empresas han comenzado a invertir en soluciones de movilidad sin emisiones allí donde es técnicamente posible, el entorno actual dista mucho de estar preparado para cumplir con una obligación de este tipo. Los camiones eléctricos que existen en el mercado ofrecen autonomías insuficientes para cubrir la mayoría de los trayectos habituales, los tiempos necesarios para la recarga no están plenamente estabilizados y la red de infraestructuras es aún limitada y claramente insuficiente para soportar una transición forzada.
A esta situación se añade un factor económico crucial. El precio de los vehículos pesados de cero emisiones continúa siendo muy superior al de las alternativas diésel, lo que imposibilita su incorporación obligatoria por parte de la mayoría de las empresas del sector, integradas en gran medida por pequeñas y medianas compañías con un margen financiero reducido. Una imposición normativa de este tipo comprometería seriamente su viabilidad.
El impacto negativo no se limitaría al ámbito empresarial. La economía española en su conjunto depende de un sistema de transporte de mercancías eficiente y competitivo. Un encarecimiento generalizado de los costes operativos repercutiría en el precio final de los productos, afectaría a la actividad exportadora y reduciría la capacidad de las industrias nacionales para competir en mercados internacionales.
Aunque la Comisión Europea podría estar reconsiderando su planteamiento inicial, ciertos Estados miembros, como Francia, siguen defendiendo la vía de la obligatoriedad en el Consejo de Ministros de Transporte del 4 de diciembre, pese a que las condiciones técnicas y operativas necesarias para ello están lejos de cumplirse.
Por estas razones, la Confederación ha solicitado al Gobierno de España que defienda con claridad la postura del sector y actúe en favor de los intereses económicos del país. El objetivo no es únicamente proteger a las empresas de transporte, sino también preservar la competitividad del tejido productivo y asegurar la continuidad del flujo de mercancías en un contexto de profunda transformación.
La CETM reitera su compromiso con una transición hacia tecnologías más limpias, siempre que esta se plantee de manera progresiva, realista y basada en criterios objetivos como la madurez técnica, la disponibilidad de infraestructura, la sostenibilidad económica y el acompañamiento financiero adecuado. La organización defiende que cualquier avance en materia de descarbonización debe ir respaldado por programas de apoyo que permitan asumir la elevada inversión que supone renovar las flotas y adaptarse a un modelo operativo profundamente diferente.
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