El presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías, Carmelo González, trasladó ayer al ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, la necesidad urgente de reforzar el apoyo al transporte de mercancías por carretera ante el fuerte incremento del precio del combustible, agravado por las consecuencias del conflicto en Oriente Medio. Las ayudas extraordinarias aprobadas mediante el Real Decreto-ley 18/2026 finalizan el próximo 30 de septiembre, justo cuando el precio del combustible sigue en ascenso, una circunstancia que para CETM no justifica retirar el apoyo cuando el problema que lo originó no solo persiste, sino que se ha agravado.

La confederación defiende que proteger al transporte equivale a proteger la propia cadena de suministro, porque una presión sostenida sobre los costes, unida al deterioro de tesorería que provoca el retraso en el cobro de ayudas ya aprobadas, puede comprometer la capacidad de numerosas empresas para mantener su actividad justo en un periodo del año de elevada demanda. CETM plantea además un argumento fiscal de fondo, al considerar que una parte del incremento de la recaudación pública derivado del encarecimiento de los carburantes debería devolverse a la economía en forma de ayudas a los sectores más afectados, para evitar que ese shock extraordinario de costes termine reduciendo actividad, inversión, empleo y capacidad de consumo.

A este escenario se suma un problema adicional que preocupa especialmente a la organización, el de las empresas acogidas al régimen de estimación objetiva, cuyo límite de facturación se mantiene en 125.000 euros anuales. La evolución de costes y facturación podría obligar a numerosas pequeñas empresas a paralizar su actividad a partir de octubre, reduciendo todavía más la capacidad de transporte disponible en el mercado.

Ante este panorama, CETM reclama con carácter urgente dos medidas concretas, prorrogar las ayudas al combustible al menos hasta el 31 de diciembre de 2026, y reducir un 50% las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social como medida extraordinaria para aliviar costes y preservar la liquidez de las empresas del sector. Carmelo González ha resumido la urgencia de la petición señalando que garantizar que las mercancías sigan llegando a su destino con normalidad exige contar con empresas de transporte capaces de seguir operando, y la confederación confía en que el Gobierno actúe con la misma rapidez con la que evoluciona la situación, para evitar que el encarecimiento de los costes termine repercutiendo sobre la disponibilidad de transporte y, en última instancia, sobre el conjunto de la economía española.

Carlos Zubialde

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