Apenas días después de que el DeCA pasara a ser obligatorio en formato digital, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) denuncia que algunos cargadores están usándolo para trasladar costes al transportista. Según la organización, ha tenido conocimiento de casos en los que el cargador deja íntegramente en manos del transportista la elaboración y gestión del documento y, en algunos de ellos, pretende además cobrarle por cada DeCA generado. La nota no identifica a las empresas ni cuantifica cuántos casos hay, de modo que se trata, por ahora, de la versión de una de las partes.
El argumento de fondo es jurídico. La normativa reparte entre el cargador contractual y el transportista efectivo la responsabilidad sobre los datos que debe contener el documento. Al cargador le corresponde la información sobre las partes, el origen, el destino, la naturaleza y el peso de la mercancía, mientras que el transportista responde de los datos vinculados a la ejecución del servicio. Para la CETM, quien dispone de buena parte de la información necesaria no puede descargar todo el trabajo en el eslabón siguiente y encima facturarlo, porque el DeCA es una obligación compartida y no un servicio que el transportista deba comprar a su cliente.
La denuncia enlaza con un problema que ya se vio en los primeros días de aplicación, cuando algunos centros de carga rehusaban generar el documento y derivaban la tarea al transportista efectivo. Lo nuevo es el componente económico, el paso de la reticencia a convertir el trámite en una partida con precio. Si se generalizara, cada expedición llevaría un coste añadido en el eslabón con menos margen, y en un sector donde la mayoría de las empresas son pymes y autónomos esa carga no se reparte de forma neutra.
Carmelo González, presidente de la CETM, lo resume con una imagen que ha elegido para titular su posición: el DeCA debe servir para digitalizar, modernizar y simplificar el transporte, no para crear un nuevo peaje digital. Añade que lo que no puede ocurrir es que uno tenga la información, el transportista haga el trabajo y acabe pagando la factura, y deja una ironía sobre el momento actual, ya que, al menos de momento, siguen llevando los mismos papeles que antes. Es una alusión a la convivencia del soporte digital con el albarán físico que muchos operadores describen desde el 5 de octubre.
Conviene leer esta denuncia con el contexto del calendario. La CETM reclama que cada parte de la cadena asuma las obligaciones y costes derivados de su propia responsabilidad, mientras las empresas de transporte realizan, según la confederación, un esfuerzo importante de adaptación a las nuevas exigencias digitales. La ausencia, por ahora, de una doctrina clara de inspección sobre quién debe emitir el documento deja el reparto de tareas a lo que cada contrato o cada relación comercial acabe pactando.
Para el transportista, la consecuencia práctica es revisar qué dicen sus contratos y condiciones de servicio sobre la emisión del DeCA antes de aceptar cualquier cargo o cualquier traslado de tarea, y guardar constancia de qué datos aporta el cargador y cuáles pone él. Para el cargador, la pregunta es si ahorrar un trámite compensa tensar la relación con quien le transporta la mercancía, y quién responderá si un dato mal cargado acaba en sanción. Esa cuestión, la de quién paga cuando el documento falla, es la que probablemente defina cómo se aplica de verdad el DeCA.
Carlos Zubialde
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