La entrega de un proyecto de decreto ley redactado por la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte en el Ministerio de Transportes ha abierto un debate que, según distintas voces del sector, debería centrarse ahora en el contenido de la propuesta y no en quién la ha presentado. El argumento plantea que, cuando una organización deja de limitarse a denunciar un problema y presenta un texto normativo completo, lo razonable es abrir el documento, confrontarlo con la legislación vigente y valorar si mejora o no la forma en que el ordenamiento jurídico aborda un problema ya reconocido, en lugar de descalificar la iniciativa por su origen.
Ese cambio de registro, desde la protesta hacia la propuesta normativa concreta, es lo que algunos observadores del sector destacan como el verdadero giro de las últimas semanas. La discusión que queda pendiente no es tanto sobre quién eleva más el tono en el debate público, sino sobre una cuestión de fondo, cómo garantizar que la libertad de contratación siga siendo una libertad real también para quien se sitúa al final de la cadena logística y ejecuta materialmente el transporte, el transportista efectivo que numerosas organizaciones sitúan como el eslabón más débil de todo el proceso.
La reacción del sector a este debate no es unánime ante plantear un problema distinto pero relacionado, la falta de control que algunos operadores logísticos ejercen sobre a quién subcontratan realmente el transporte. Hay empresas logísticas que contratan viajes a compañías que ni siquiera disponen de camiones propios, sin verificar en la práctica quién va a ejecutar el servicio, una falta de trazabilidad que atribuye directamente al aumento de robos de cargas completas, al no saber con certeza quién acude a cargar en sus propios muelles.
Este cruce de posiciones confirma que el sector del transporte por carretera afronta un momento de fragmentación de posturas particularmente intenso, donde conviven al menos tres líneas de discusión distintas, la propuesta normativa de Plataforma para evitar el trabajo a pérdidas, la defensa que hacen las patronales integradas en el Comité Nacional del Transporte de los mecanismos ya conseguidos, como la cláusula de repercusión del gasóleo, y las denuncias de asociaciones de conductores sobre problemas de fondo en la cadena de subcontratación que, a su juicio, quedan al margen del debate político actual. El desenlace de las próximas semanas dependerá de si el Ministerio de Transportes decide realmente entrar a valorar el contenido técnico de la propuesta registrada por Plataforma, o si el debate sigue polarizado en torno a la legitimidad de quién puede presentar este tipo de iniciativas ante la Administración.
Carlos Zubialde
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