Con el cierre del 2025, el sector del transporte certifica el mal dato de las muertes de los profesionales, ya que se cerró con 92 conductores profesionales fallecidos en accidente laboral, una cifra inferior a la del año anterior, pero que mantiene a la actividad entre las más letales del mercado de trabajo español. De esas muertes, 82 se produjeron durante la jornada y diez en desplazamientos in itinere, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo.
La comparación interanual muestra una reducción de 29 fallecidos respecto a 2024, lo cual siempre es una noticia relativamente buena, porque sobre el papel, la evolución es positiva. Sin embargo, el transporte terrestre continúa situándose como la segunda división de actividad con mayor número de muertes, solo por detrás de las actividades de construcción especializadas, donde se registraron 98 fallecimientos. La mejora estadística no altera la posición estructural del sector en el ranking de siniestralidad.
Si se amplía el foco al conjunto de transporte y almacenamiento, que agrupa todas las modalidades, la actividad se sitúa como la tercera con mayor mortalidad laboral, únicamente superada por la construcción y la minería. El dato no es menor, ya que refleja una exposición al riesgo superior a la de la mayoría de sectores productivos.
En 2025 no se registraron accidentes mortales ni en transporte marítimo ni en transporte aéreo. En cambio, 17 trabajadores del ámbito de almacenamiento y actividades anexas al transporte perdieron la vida, diez en su puesto y siete en desplazamientos relacionados con el trabajo. Además, tres trabajadores del ámbito postal fallecieron, uno durante la jornada y dos in itinere. El riesgo, por tanto, no se concentra exclusivamente en la carretera, aunque es ahí donde el volumen de víctimas resulta más alto.
El Ministerio también publica el índice de mortalidad, calculado en función del número total de trabajadores afiliados y considerando únicamente los accidentes en jornada. En 2025, el índice del transporte y almacenamiento se situó en 8,03, por debajo del 12,6 registrado en 2024. La reducción es relevante y corrige el preocupante repunte del ejercicio anterior, cuando el sector llegó a superar incluso a la construcción en términos relativos.
Sin embargo, el análisis exige ir más allá del descenso porcentual, como ya detallábamos. Con una media nacional de 2,81, la mortalidad en transporte y almacenamiento casi cuadruplica el conjunto de actividades económicas. La distancia sigue siendo demasiado amplia como para hablar de normalización. El hecho de que la cifra mejore no elimina el problema de fondo: el transporte continúa siendo una de las profesiones con mayor exposición al riesgo mortal.
Conviene preguntarse qué parte de esta reducción responde a medidas efectivas en prevención y qué parte puede estar vinculada a factores coyunturales como menor actividad o cambios en el volumen de kilómetros recorridos. Sin un análisis detallado de causas, tipología de accidentes y condiciones laborales, la lectura triunfalista carece de base alguna.
El transporte es una actividad sometida a presión permanente de plazos, costes y disponibilidad, y todo eso pesa en los profesionales. Las jornadas prolongadas, el estrés operativo y entornos viarios cada vez en peores condiciones forman parte del contexto diario de miles de conductores. Mientras estas variables sigan presentes, la mejora estadística, siendo necesaria, no será suficiente, porque 92 profesionales fallecidos en un solo año no pueden diluirse en una comparación interanual favorable. La reducción del índice es un paso, es cierto, pero la verdadera cuestión es si el sector está dispuesto a revisar de forma profunda sus condiciones operativas para que dejar la vida en la carretera deje de ser una posibilidad asumida.
Carlos Zubialde
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