La tramitación de la Ley de Movilidad Sostenible ha vuelto a ocupar un lugar destacado en la agenda legislativa. Tras un periodo de inactividad, según varias informaciones, se han retomado las negociaciones para definir el contenido de esta normativa que, si bien está centrada en la movilidad de viajeros, también traerá consecuencias significativas para el sector del transporte de mercancías y la logística.
La iniciativa legislativa, que se está debatiendo en un contexto de urgencia (se supone que debería de haberse aprobado en el pasado 2024), ha enfrentado numerosos obstáculos que han retrasado su aprobación. No obstante, el interés por consolidar un modelo de movilidad más sostenible y eficiente sigue siendo prioritario, especialmente porque parte de los fondos europeos de recuperación dependen de la implementación de estas medidas.
Uno de los aspectos clave de la normativa es su impacto en la logística y el transporte de mercancías. La nueva regulación implica cambios en la gestión de infraestructuras, la utilización de tecnologías más eficientes y la adopción de estrategias para reducir la huella de carbono del sector. En este sentido, el desarrollo de nuevas zonas de bajas emisiones (ZBE) y la promoción del transporte intermodal siguen estando en la primera línea de la Ley de Movilidad, pese a las muchas dudas que genera.
La discusión política en torno a esta ley también ha sido un factor determinante en su demora. Las diferencias entre los distintos grupos han complicado su avance, generando incertidumbre sobre los plazos para su aprobación. Sin embargo, el consenso en torno a la necesidad de modernizar el sistema de movilidad y logística podría facilitar acuerdos que permitan su implementación en el corto plazo, o por lo menos, así se desprende de lo que han declarado los distintos actores políticos involucrados.
El sector del transporte se encuentra en un momento clave durante este 2025, las regulaciones podrán definir su evolución en los próximos años. La adaptación a un modelo más sostenible es inevitable para la clase política, pese a que las empresas del sector ven serias dificultades para afrontar estos cambios sin comprometer su eficiencia operativa y como no, su eficiencia financiera.
Carlos Zubialde
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