La Plataforma Nacional en Defensa del Transporte celebró el pasado sábado 19 de septiembre una asamblea extraordinaria en la que sus socios debatieron las próximas acciones a tomar frente al Ministerio de Transportes ante la subida del precio del combustible. La organización estudia ya la convocatoria de un nuevo paro nacional indefinido, aunque condiciona esa decisión a que sus propuestas se incorporen finalmente a la tramitación del Proyecto de Ley del Real Decreto-ley 9/2026, de 14 de abril, sobre medidas urgentes en materia de transporte.
El eje central de las enmiendas que reclama la Plataforma es la protección del transportista efectivo, al que la organización define como el eslabón más débil y vulnerable de toda la cadena logística. Su crítica apunta a que las fórmulas actuales de revisión de precios se centran casi en exclusiva en el gasóleo y en los contratos de carácter continuado, dejando desprotegidos los servicios esporádicos y los trabajos discontinuos, un vacío que según denuncia la organización permite además que determinados contratos continuados eludan sanciones pese a pagar por debajo de coste.
Las medidas concretas que la Plataforma reclama incorporar a la ley se resumen en cuatro puntos. El primero exige que la revisión del precio del transporte contemple todos los costes que soporta el transportista efectivo, no solo el gasóleo. El segundo propone convertir el Observatorio de Costes que elabora el Ministerio de Transportes en referencia obligatoria, de forma que su incumplimiento constituya indicio suficiente para activar la inspección del cargador y la sanción correspondiente. El tercero plantea que la actualización de precios sea mensual y se aplique a todo tipo de transporte, ligero o pesado, de envío único o continuado, acompañada de sanciones, controles en carretera y un mecanismo de actualización de costes para todos los intervinientes en el contrato. El cuarto reclama garantizar a autónomos y micropymes un margen de coste laboral suficiente para asegurar su propia rentabilidad.
Manuel Hernández, presidente de la Plataforma, ha defendido en declaraciones a Onda Cero que estas cuatro medidas tienen encaje directo en la legislación vigente, y ha insistido en que ya las había trasladado en anteriores ocasiones al propio Ministerio, ahora convertidas en enmiendas formales dentro de la tramitación parlamentaria. La organización sostiene que el transportista con uno o hasta diez camiones, un perfil que según sus propios cálculos representa a cerca del 90% de las empresas de transporte españolas, carece de capacidad real para oponerse a la posición dominante de los grandes cargadores, sin margen para fijar precio ni condiciones.
Con la decisión sobre un eventual paro todavía pendiente del resultado de estas negociaciones, la Plataforma advierte de que, sin una corrección a corto plazo de la situación económica del sector, no descarta que vuelvan a producirse episodios de tensión similares a los ya vividos en el transporte español en los últimos años.
Carlos Zubialde
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