El Congreso de los Diputados ha vuelto a rechazar, por segundo año consecutivo, la prórroga del límite de facturación de 125.000 euros que permite a los transportistas autónomos continuar tributando por el régimen de módulos. La decisión deja en una situación de inseguridad jurídica a más de 30.000 profesionales del transporte por carretera, que afrontan 2026 sin un marco fiscal claro.
La medida había sido aprobada por el Gobierno el pasado 23 de diciembre, en el último Consejo de Ministros del año, e incorporada al Real Decreto-ley Ómnibus de medidas sociales y económicas para 2026. Sin embargo, la falta de respaldo parlamentario ha vuelto a tumbar el texto, impidiendo su convalidación y reabriendo un escenario que el sector ya vivió en 2025.
Como ocurrió el año pasado, el rechazo del decreto deja en el aire la continuidad del régimen de módulos para miles de transportistas que iniciaron el ejercicio tributando bajo este sistema. Si en las próximas semanas no se adopta una solución normativa o administrativa, estos autónomos podrían verse obligados a abandonar los módulos y pasar a estimación directa durante el resto del año fiscal, con el consiguiente impacto económico y administrativo.
Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER) advierten de que el efecto de esta situación no es menor. El régimen de módulos ha sido históricamente una fórmula fiscal más favorable para los pequeños transportistas, permitiéndoles una mayor previsibilidad de costes y una gestión más sencilla de sus obligaciones tributarias. La imposición sobrevenida de la estimación directa supondría un incremento de la carga fiscal y de la complejidad administrativa para miles de autónomos.
Ante este nuevo revés político, FENADISMER ha anunciado que solicitará de forma urgente al Ministerio de Hacienda que aclare cómo piensa resolver esta situación excepcional y qué medidas va a adoptar para garantizar la seguridad jurídica de los transportistas afectados. Desde la federación denuncian que se trata de un problema recurrente, provocado por decisiones políticas que se repiten año tras año sin valorar las consecuencias reales sobre la actividad de los autónomos del transporte.
El sector insiste en que esta incertidumbre fiscal dificulta la planificación económica de las empresas, condiciona la toma de decisiones y pone en riesgo la viabilidad de muchos profesionales que operan con márgenes ajustados y alta exposición a los costes.
El rechazo del límite de facturación de 125.000 euros vuelve a evidenciar la fragilidad normativa del régimen de módulos en el transporte por carretera, dependiente de prórrogas aprobadas en el último momento y sujetas a vaivenes parlamentarios. Desde el sector se reclama una solución estable y definitiva que evite repetir cada ejercicio la misma situación de inseguridad y permita a los transportistas autónomos desarrollar su actividad con un mínimo de certidumbre fiscal.
Carlos Zubialde
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