La Dirección General de Transportes por Carretera ha publicado la lista provisional de beneficiarios de las ayudas por abandono de la actividad correspondientes a 2026, y el resultado evidencia un desequilibrio estructural entre la demanda real del sector y el presupuesto disponible para atenderla: de los solicitantes que cumplían los requisitos legales, únicamente 320 recibirán la ayuda, mientras que algo más de 1.060 quedan excluidos no por incumplir ningún criterio, sino porque el presupuesto asignado no alcanza para más. Otros 230 solicitantes aproximadamente han quedado fuera por requisitos no cumplidos. Cada beneficiario admitido percibe 30.000 euros a cambio de entregar la licencia y cesar en la actividad.
La dotación presupuestaria se mantiene congelada por tercer año consecutivo en 9,6 millones de euros, una cifra que, con el importe unitario de 30.000 euros por licencia, permite financiar alrededor de 320 bajas. La demanda supera ampliamente ese umbral, lo que convierte el proceso de selección en una cuestión de orden de prioridad: primero acceden quienes acreditan incapacidad permanente, y después, por estricto orden de edad. El resultado práctico es que, un año más, ningún transportista autónomo de 65 años ha conseguido ser incluido en las ayudas, ya que los tramos de mayor edad y los casos de incapacidad agotan el presupuesto antes de llegar a ese umbral.
La ayuda por abandono de la actividad es uno de los mecanismos de salida más relevantes para los conductores autónomos de mayor edad que no pueden continuar ejerciendo la profesión por razones de salud o agotamiento físico, pero que tampoco reúnen las condiciones para acceder a la jubilación anticipada en sus modalidades actuales. La dureza de las condiciones de trabajo en el transporte por carretera, con jornadas largas, carga física sostenida y exposición a riesgos elevados, hace que la franja de conductores entre 60 y 65 años sea especialmente vulnerable a situaciones de incapacidad parcial que no impiden formalmente el ejercicio de la actividad pero sí lo dificultan de forma severa.
Fenadismer ha reiterado su reclamación al Ministerio de Transportes para que se incremente de forma sustancial la partida presupuestaria en la próxima convocatoria, con la vista puesta en los Presupuestos Generales del Estado para 2027, cuya presentación el Gobierno ha anunciado para las próximas semanas. La asociación entiende que este fondo social debe tener carácter prioritario para garantizar una retirada digna a quienes han ejercido la profesión durante décadas y un relevo generacional ordenado en un sector que ya acusa una escasez estructural de conductores jóvenes.
Desde el punto de vista del calendario, los solicitantes no incluidos en la lista provisional disponen de diez días hábiles desde su publicación en el BOE para presentar alegaciones o subsanaciones a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Transportes. Los beneficiarios admitidos, por su parte, deberán esperar a que la resolución de concesión sea firme y se publique formalmente, una vez revisadas las reclamaciones, antes de poder iniciar cualquier gestión para el cobro de la ayuda.
Carlos Zubialde
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