Por fin, como podría decirse, el congreso de los diputados aprobó la Ley de Movilidad sostenible, con muchos meses de retraso, y no sin poca incertidumbre de que pudiera ser rechazada por los equilibrios políticos existentes.
La ley, que ahora tiene que continuar su tramitación en el senado, tiene muchos puntos distintos, algunos si afectan al sector del transporte de forma directa, otros de forma m´s genérica como ciudadanos. De forma sectorial, es necesario poner el foco en las nuevas etiquetas de la DGT para los vehículos, que afecta sobre todo al posterior acceso a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), pelea que tienen todos los días las empresas de transporte que se dedican a la distribución, en especial de última milla.
Otro aspecto que el transporte tendrá que adaptar será lo relacionado con la carta de porte digital, que termina por alinearse con las obligaciones del CMR digital que impone la Unión Europea, y supone una total digitalización de la documentación contractual entre clientes y proveedores de transporte, situación que un buen número de empresas especializadas en el área estaban esperando.
¿Qué otras cuestiones podemos resaltar de esta nueva ley?
Yo sobre todo apuntaría la obligación para las empresas que tienen más de 200 trabajadores de ofrecer la posibilidad de un modelo más sostenible para sus desplazamientos, ofreciendo alternativas como la bici o el compartir coche (esto será voluntario para las empresas de entre 50 y 200 empleados).
Otro punto que se aprueba es la necesidad de incorporar en las empresas un asesor de movilidad, o que en las empresas de más de 1.000 empleados situados en ciudades de más de 500.000 habitantes, la empresa tiene que hacer que sus trabajadores no "pierdan" tiempo en sus desplazamientos, por lo que se quiere propulsar las entradas y salidas escalonadas o un mayor empuje para el teletrabajo.
Como no podía faltar, se prohíben los vuelos en avión para recorridos cortos, al igual que ya está vigente en otros países como Francia, para traspasar ese volumen de pasajeros hacia el tren, siempre que sea posible y existan los recursos, para lo cual se establece un periodo de 6 meses de estudio en cada caso, y es que el tren es el gran beneficiado de la ley, porque se quiere reforzar las líneas transfronterizas cercanas, que eviten los desplazamientos en vehículo particular.
Por último, se destina un potente presupuesto para reforzar los puntos de recarga, y es que la ley tiene de forma global una financiación de la Unión Europea de 10.000 millones de euros, que han corrido el peligro de perderse por la no aprobación.
Y ahora, queda lo más difícil, su aplicación real....
Carlos Zubialde
carlos@informacionlogistica.com
