La Unión Europea ha decidido conceder un año adicional al sector del transporte por carretera antes de que comience a asumir económicamente el coste de sus emisiones. El Parlamento Europeo ha respaldado la posición de los Estados miembros para posponer hasta 2028 la aplicación del ETS 2, el nuevo sistema de comercio de emisiones diseñado para sectores que hasta ahora no estaban incluidos en el régimen anterior, como los edificios y el transporte por carretera. Con esta prórroga, la obligación prevista inicialmente para 2027 se retrasa un año más, en un contexto en el que la descarbonización del transporte continúa siendo uno de los grandes desafíos de la agenda comunitaria, y un verdadero quebradero de cabeza para el sector.
Mientras las navieras ya pagan por sus emisiones desde 2024 y las aerolíneas lo hacen desde 2012, la implantación del ETS 2 seguirá un enfoque diferente. A diferencia de otros sectores, el gravamen no se dirigirá directamente a los operadores de vehículos o a los propietarios de inmuebles, sino a los proveedores de combustible. No obstante, el sector del transporte por carretera advierte que este coste terminará repercutido en el precio final del gasóleo y otros combustibles (o por lo menos se intentará, pese a las reticencias de los cargadores a asumirlo), lo que ha generado una postura de rechazo generalizada entre los transportistas, especialmente ante la falta de alternativas reales para el transporte pesado a corto y medio plazo.
La decisión del Parlamento Europeo se produjo en el mismo pleno en el que también se aprobó la nueva Ley del Clima de la Unión Europea. Este marco normativo establece una reducción del 90% de las emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2040 respecto a los niveles de 1990 y marca un nuevo objetivo intermedio hacia la neutralidad climática. Para facilitar el cumplimiento, los eurodiputados respaldaron la posibilidad de que los Estados puedan utilizar eliminaciones permanentes de carbono para compensar emisiones difíciles de abatir, así como flexibilizar la aplicación entre sectores para lograr los objetivos de reducción con el menor coste posible.
En paralelo a estos avances legislativos, los Estados miembros continúan preparando incentivos para acelerar la transición energética. En España, el Gobierno ha aprobado recientemente un programa de ayudas dotado con 250 millones de euros destinado a impulsar el uso de combustibles renovables y la renovación de flotas en el sector marítimo. Los fondos provienen precisamente del sistema de comercio de emisiones aplicado al transporte marítimo, lo que evidencia el creciente peso de los mecanismos ETS como fuente de financiación para la descarbonización del transporte en Europa.
Carlos Zubialde
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