El anuncio del United States Postal Service de abrir pujas para acceder a su red de última milla no es un movimiento táctico, sino una señal clara de hacia dónde se están desplazando los modelos logísticos públicos en un entorno de presión financiera constante. El organismo ha lanzado una plataforma online para recibir propuestas de empresas interesadas en utilizar su red de reparto, que incluye más de 18.000 destination delivery units y más de 170 centros locales de procesamiento.
El trasfondo es eminentemente económico. El USPS arrastra desde hace años una situación financiera delicada, reconocida tanto desde el ámbito político como desde su propia dirección. El expresidente Donald Trump llegó a cuestionar públicamente su viabilidad, planteando incluso su privatización, y su director general, David Steiner, ha admitido las dificultades estructurales del modelo. Las pérdidas acumuladas desde 2007 explican por qué el operador postal busca nuevas vías de monetización de activos que ya existen y están amortizados.
En términos operativos, el cambio no está tanto en el servicio como en el acceso. El USPS ya realizaba entregas de última milla para clientes externos desde sus unidades de destino, pero lo hacía de forma muy limitada y concentrada en grandes volúmenes. El nuevo sistema de pujas amplía el perímetro y permite que más actores, especialmente empresas de ecommerce y operadores logísticos, presenten propuestas que combinen volumen, precio y plazos de entrega. A partir de ahí, el servicio postal ejecuta la distribución en el mismo día o al día siguiente.
Para las empresas de comercio electrónico en Estados Unidos, el impacto potencial es relevante. Acceder a una red capilar, con cobertura nacional y costes previsibles, puede aliviar la dependencia de los grandes integradores privados en determinadas zonas, especialmente en áreas rurales o de baja densidad donde la última milla es estructuralmente deficitaria. Al mismo tiempo, introduce un nuevo factor competitivo que presiona a la baja los precios y obliga a revisar estrategias de fulfillment y promesas de entrega.
La pregunta inevitable es si un modelo similar sería viable en Europa y, en particular, en España. Desde el punto de vista técnico, muchas redes postales europeas cuentan con infraestructuras comparables y una presencia territorial incluso más densa. Sin embargo, el encaje regulatorio es más complejo. Los operadores postales europeos, incluidos los de titularidad pública, están sujetos a marcos normativos que delimitan con mayor claridad qué actividades pueden externalizarse y en qué condiciones se garantiza el servicio universal.
En el caso español, una apertura plena de la red de última milla a pujas privadas plantearía tensiones evidentes con el mercado existente, donde conviven operadores postales, empresas de paquetería y redes de reparto especializadas en ecommerce. También obligaría a redefinir el papel del operador público, no solo como prestador de un servicio básico, sino como plataforma logística al servicio de terceros.
Lo que sí deja claro el movimiento del USPS es que la última milla se ha convertido en un activo estratégico, incluso para operadores históricos con problemas financieros. Monetizar esa capilaridad puede ser una vía de ingresos, pero también un cambio profundo de modelo. Para el ecommerce y la logística europea, el ejemplo estadounidense invita a reflexionar sobre hasta qué punto las redes públicas pueden —y deben— jugar un papel más abierto en un mercado cada vez más presionado por costes, plazos y expectativas del cliente final.
Carlos Zubialde
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