La renuncia de Patricia Malarde Larragueta al frente de la Subdirección General de Conservación y Explotación de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha generado eco en el sector del transporte por carretera, no tanto por el hecho en sí, cuanto por lo que indica sobre la situación de la infraestructura viaria en España. El anuncio oficial, formalizado recientemente y aceptado por el ministro Óscar Puente, se produce en medio de una ola de críticas reiteradas sobre el mal estado de la red de carreteras, especialmente tras un informe del Consejo de Obras Públicas que puso de manifiesto importantes carencias de mantenimiento.
Dicho informe no es una advertencia aislada, sino la consolidación de una percepción que comparten operadores, transportistas así como todos los usuarios: la infraestructura está degradada. No se trata únicamente de tramos puntuales, sino de una red que presenta deficiencias tanto en ejes estatales como en vías autonómicas y locales. Para un sector como el transporte, donde la disponibilidad de rutas seguras y fluidas es esencial para cumplir plazos, cada bache, cada señalización deficiente o cada tramo en mal estado representa una acumulación de riesgos y retrasos que se traduce en costes operativos reales.
El mantenimiento de la infraestructura de carreteras, tradicionalmente competencia del Estado, no puede verse de forma aislada de la situación presupuestaria y de prioridades políticas a nivel autonómico. Muchas de las vías que soportan tráficos intensos de transporte pesado no son gestionadas de forma centralizada, lo que dificulta una respuesta homogénea a las necesidades del sector. Esta dispersión de responsabilidades hace que, ante una crisis o una demanda urgente de reparación, la reacción sea lenta o insuficiente.
El transporte por carretera en España soporta una presión fiscal muy alta, compensando con creces los costes que su actividad genera en la infraestructura que utiliza. Según estudios recientes, el sector aporta más de 16.500 millones de euros al año en fiscalidad específica, lo que representa alrededor del 90 % de la recaudación total por impuestos vinculados al transporte dentro del país, a través de tributos como el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, tasas municipales y peajes que gravan el uso de la red vial estatal y autonómica. Una carga que, en teoría, debería traducirse en un mantenimiento constante y eficaz de la red, pero que en la práctica no se refleja en la calidad de las infraestructuras que utilizan diariamente miles de camiones y furgonetas.
La dimisión de la responsable de conservación de carreteras apenas aborda este desequilibrio. Aunque desde el Gobierno se ha tratado de desligar la salida de Malarde de las críticas al estado de las vías, es difícil separar ambos hechos cuando operadores y asociaciones del transporte han señalado de forma reiterada la necesidad de más inversión en mantenimiento preventivo y la modernización de elementos de seguridad viaria. La ausencia de un plan claro y creíble para revertir el deterioro incrementa la sensación de incertidumbre, especialmente cuando la interlocución entre sector y Administración parece centrarse en medidas fiscales o regulatorias más que en soluciones operativas sobre el terreno.
Esta situación no solo afecta al transporte de mercancías, sino a la seguridad de todos los usuarios de la red. El abandono de carreteras secundarias y tramos autonómicos ha sido denunciado repetidamente por asociaciones de automovilistas y colectivos de transportistas, que ven cómo la falta de mantenimiento agrava el riesgo de accidentes y eleva los costes logísticos. El sector, que entrega una aportación fiscal muy superior a la de otros medios —como el ferrocarril o el marítimo—, exige seriedad operativa en la gestión de unas infraestructuras que son pilares de la economía logística.
La dimisión se convierte así en un síntoma de una cuestión estructural: la gestión de la red viaria en España precisa una revisión profunda, con prioridades claras y recursos sostenibles. Para el transporte, esta revisión no es un lujo, sino una necesidad operativa urgente. La pregunta que queda pendiente es cómo se articulará, y si las responsabilidades que hoy están en cuestión tendrán la voluntad y los medios para afrontar una transformación real.
Carlos Zubialde
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