Dos peticiones distintas, un mismo fondo: el sector del transporte de mercancías por carretera lleva semanas enviando señales de alarma que no acaban de aterrizar con la urgencia que merecen. La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha trasladado esta semana dos reclamaciones al Gobierno y a las instituciones europeas que, leídas juntas, dibujan un sector que soporta una presión simultánea desde varios frentes y empieza a perder paciencia.
Por un lado, el combustible. Desde el inicio de la crisis derivada del conflicto en Irán, los costes operativos han escalado de forma sostenida, generando pérdidas acumuladas en una parte significativa del tejido empresarial del transporte. La reciente aprobación del Real Decreto-ley que modifica la fórmula de indexación del precio del transporte es reconocida por la CETM como un paso en la dirección correcta, pero insuficiente. El problema no está solo en lo que viene, sino en el agujero que ya se ha abierto: las semanas transcurridas entre el inicio de la crisis y la entrada en vigor del nuevo mecanismo se han comido liquidez real, y esa tesorería no se recupera con cambios normativos prospectivos.
Por eso, la Confederación reclama ayudas directas, sin límites máximos que dejen fuera a parte del sector, y urge a que el marco europeo de apoyo temporal se apruebe cuanto antes. El precedente existe: durante la guerra en Ucrania se activaron mecanismos similares ante incrementos del combustible menos pronunciados que los actuales, lo que hace aún menos justificable la lentitud actual.
Por otro lado, las carreteras. El ministro Óscar Puente anunció un Plan Extraordinario para la mejora de los firmes de la Red de Carreteras del Estado, con una inversión de 1.629 millones de euros para actuar sobre más de 5.000 kilómetros. La CETM reconoce que el anuncio supone al menos un reconocimiento explícito del deterioro acumulado, algo que el sector lleva reclamando desde hace años. Pero los números no cuadran: 5.000 kilómetros sobre una red de más de 26.000 implica dejar intacta la parte mayoritaria, gran parte de ella en estado crítico.
Tampoco convence el presupuesto. La Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX) estima que el mantenimiento adecuado de la red requeriría en torno a 2.000 millones de euros anuales. El plan previsto no alcanza esa cifra ni en su conjunto. Y los plazos agravan el problema: aunque las licitaciones comenzarán este año, la ejecución de la primera fase se extiende hasta 2031. Para empresas que ya asumen sobrecostes por el mal estado de las vías, eso no es una solución, es un diferimiento.
Hay un dato que la CETM pone sobre la mesa y que merece ser leído con calma: el transporte por carretera aporta más de 21.000 millones de euros anuales a las arcas públicas a través de impuestos vinculados a los combustibles. Que la reinversión en las infraestructuras que ese mismo sector utiliza cotidianamente sea tan limitada es una contradicción que el sector ya no está dispuesto a pasar por alto en silencio.
Carlos Zubialde
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