El 31 de diciembre de 2025 era la fecha en la que las empresas españolas debían tener sus sistemas de facturación adaptados a la Ley Antifraude y al marco técnico que exige Veri*factu, y tres de cada cuatro operadores del sector reconocieron que no estaban preparados. El Gobierno prorrogó de forma global, para todas las empresas, esa obligación, y el sector respiró a pocos meses de los nuevos vencimientos, todo apunta a que la historia se repite.
Ahora hay dos fechas que marcan el calendario. El 1 de enero de 2027 es el límite para las sociedades mercantiles, es decir, para la mayoría de las empresas de transporte con forma jurídica de SL o SA. El 1 de julio de ese mismo año es el plazo para los autónomos, el colectivo más numeroso del sector y, posiblemente, el menos preparado para una transición de este calado.
Lo que exige la norma no es solo cambiar de programa. El Real Decreto 1007/2023, que desarrolla los sistemas Veri*factu, obliga a que cada registro de facturación sea íntegro, trazable y no manipulable, de forma que cualquier modificación o borrado quede registrado sin posibilidad de alteración posterior. Un sistema que impida las contabilidades paralelas y que, además, pueda remitir los registros a la Agencia Tributaria en tiempo real. Para quien todavía factura con una hoja de cálculo o con un programa genérico no certificado, eso representa un cambio de fondo en la operativa diaria, ya que no basta con adquirir cualquier software comercial: el proveedor tiene que acreditar el cumplimiento técnico mediante una declaración responsable específica.
El régimen sancionador no deja mucho margen a la interpretación, y es que utilizar sistemas no certificados, como un excel por ejemplo, puede acarrear multas de hasta 50.000 euros para el autónomo, mientras que los fabricantes o distribuidores de programas no homologados se exponen a sanciones de hasta 150.000 euros por ejercicio y por tipo de producto. Son cifras que, en un sector con márgenes muy ajustados, pueden resultar letales para una empresa pequeña.
Y sin embargo, la sensación que transmite el sector es de una calma que no se corresponde con la proximidad de los plazos. El mismo patrón que se reprodujo antes de la fecha de diciembre de 2025 parece estar repitiéndose ahora: conocimiento vago de la obligación, asunción de que algo pasará para aplazarla y postergación de una decisión que lleva tiempo pendiente. La pregunta es si esta vez habrá otra prórroga o si Hacienda decidirá que ya ha esperado suficiente.
Para el transportista autónomo, el problema tiene además una capa adicional porque la adaptación no es solo tecnológica, sino también de hábitos: quien lleva años gestionando su facturación con herramientas propias, a veces muy rudimentarias, tiene que cambiar una rutina, contratar un servicio y verificar que ese servicio cumple con un estándar técnico que, en muchos casos, desconoce. Ese proceso lleva tiempo, y el tiempo es precisamente lo que escasea.
Quedan menos de ocho meses para que las empresas tengan que haber completado la transición, y algo menos de catorce para los autónomos. No es una eternidad, pero tampoco es suficiente si la decisión se sigue aplazando semana a semana. El que espere a que Hacienda llame a la puerta para ponerse en marcha, probablemente llegue tarde.
Carlos Zubialde
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