El Consejo de Ministros aprobó ayer el contrato-programa entre el Estado y Correos para la prestación de Servicios de Interés Económico General, un acuerdo plurianual vigente hasta 2030 que desarrolla la modificación de la Ley Postal aprobada el pasado julio. Con este contrato, la empresa pública española asume formalmente cuatro bloques de servicios que hasta ahora se prestaban de forma parcial o sin marco legal específico.
El primer bloque mantiene la red de oficinas y puntos de atención postal en el ámbito rural, donde la rentabilidad no justifica la presencia de operadores privados. El segundo extiende el acceso a servicios financieros básicos —fundamentalmente retirada e ingreso de efectivo— en municipios de menos de 500 habitantes, precisamente los territorios donde la banca lleva años reduciendo su presencia física. El tercero convierte a Correos en ventanilla única de la Administración General del Estado, con capacidad para tramitar solicitudes, pagar tasas y tributos, gestionar deuda pública o expedir el certificado digital. El cuarto pone a disposición del Estado los medios personales y materiales de la compañía ante situaciones de seguridad o emergencia, una función que ya ejerció durante la DANA y los temporales de Andalucía y Extremadura.
Según ha declarado la propia compañía, Correos ya prestaba algunos de estos servicios antes de la firma del contrato, como la aceptación de solicitudes administrativas o el ingreso y entrega de efectivo a través de Correos Cash. Lo que cambia ahora es el marco: hay un contrato, hay condiciones definidas y hay financiación pública asignada para sostenerlo.
Para el presidente de Correos, Pedro Saura, se trata de un hecho histórico en los más de 300 años de la empresa, aunque, según sus propias palabras, la diversificación hacia estos servicios compensará "solo en parte" la caída de ingresos del negocio postal tradicional, una declaración que da cuenta del peso que sigue teniendo la contracción del correo convencional en las cuentas de la compañía.
Desde el punto de vista logístico, el interés de esta noticia no está solo en Correos. La red postal pública opera en zonas donde los operadores privados de última milla encuentran costes de reparto difícilmente asumibles, y este contrato refuerza su presencia institucional en esos territorios hasta al menos 2030. Para las empresas de distribución que trabajan en entornos rurales o semiurbanos, la posición de Correos como actor respaldado por contrato público es un dato que conviene tener presente a la hora de planificar cobertura y negociar acuerdos.
El modelo mantiene la lógica actual en la prestación de servicios que el mercado no cubre de forma rentable, financiados por el Estado a través de una red ya desplegada. La pregunta que queda abierta es si esa red, diseñada para el correo tradicional, tiene la estructura y la agilidad operativa que exigen estos nuevos encargos, así como el coste final del mismo, que es una eterna pelea en el sector.
Carlos Zubialde
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