El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar una inversión de 1.006 millones de euros para la conservación de 3.670 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado, una cifra que el ministro Óscar Puente ha presentado como récord. La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) valora el gesto, pero lo considera insuficiente para dar respuesta a un deterioro que lleva años acumulándose y que las empresas de transporte pagan en cada jornada de trabajo.
El argumento cuantitativo de la CETM es que actuar sobre 3.670 kilómetros de una red que supera los 26.000 significa dejar sin intervención a más del 85% de las infraestructuras, buena parte de las cuales presenta un estado que la confederación califica de crítico. No es una valoración abstracta, ya que los firmes en mal estado se traducen en averías más frecuentes, mayor desgaste de vehículos, tiempos de tránsito menos predecibles y un riesgo real para los conductores profesionales que recorren esos tramos a diario.
La referencia presupuestaria que maneja el sector tampoco deja mucho margen para el optimismo. La Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX) estima que el mantenimiento adecuado de la red estatal exigiría en torno a 2.000 millones de euros anuales, el doble de lo anunciado, y esa cifra no incorpora el déficit acumulado durante los últimos años, que eleva las necesidades reales por encima de lo que correspondería a un mantenimiento ordinario.
Detrás de esa reclamación hay también una cuestión de retorno fiscal que la CETM lleva tiempo poniendo sobre la mesa: el transporte por carretera aporta más de 21.000 millones de euros anuales a las arcas públicas a través de impuestos vinculados a los combustibles. Que una parte proporcional de esa aportación revierta en las infraestructuras que el sector usa para operar no parece una exigencia desproporcionada, aunque la distancia entre lo que entra y lo que se reinvierte en conservación ha sido históricamente notable.
A la insuficiencia de la dotación se suma la incertidumbre sobre los plazos, ya que las licitaciones arrancarán en 2026, pero la ejecución completa del plan se extenderá varios años, un horizonte que la CETM considera incompatible con la urgencia que describe el propio diagnóstico. Un firme que presenta un estado crítico hoy no puede esperar a que un expediente administrativo recorra su ciclo completo antes de recibir intervención.
El plan anunciado por el Gobierno reconoce implícitamente que el problema existe, lo que no es un detalle menor después de años en los que la conservación de la red viaria ha competido en los presupuestos con otras prioridades. El desacuerdo con el sector no está en el diagnóstico, sino en la respuesta: si el deterioro es estructural, la solución también debe serlo.
Carlos Zubialde
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