La Asociación de Operadores de Recarga Ultrarrápida, AORU, ha tomado como punto de partida la publicación del informe del Consejo de Estado sobre el futuro sistema de e-credits para reclamar que la regulación española, todavía pendiente de aprobación definitiva, reconozca plenamente el papel de la electricidad renovable en la descarbonización del transporte por carretera. El momento no es casual, ya que el Real Decreto está a la espera de su publicación en el BOE y una orden ministerial complementaria deberá concretar el tratamiento específico de la electricidad, con entrada en vigor prevista para el 1 de enero de 2027.
El mecanismo que está en juego procede de la Directiva europea RED III y funciona de la siguiente manera: los operadores de recarga podrán certificar los megavatios hora de electricidad renovable suministrados a vehículos eléctricos y convertirlos en créditos negociables. Las compañías petroleras y comercializadoras de combustibles sujetas a objetivos de reducción de carbono podrán adquirir esos créditos para cumplir parte de sus obligaciones regulatorias, en lugar de actuar únicamente sobre sus propios productos. El resultado teórico es que la electrificación del transporte genera un flujo de ingresos privado para los operadores de carga sin necesidad de subvención pública directa.
Para el sector de la recarga rápida, donde una instalación de alta potencia puede superar los 500.000 euros de inversión por emplazamiento, según cifras de la propia asociación, la cuestión no es académica. La rentabilidad de muchas estaciones de recarga depende hoy de la combinación de ingresos por servicio y de los mecanismos de apoyo disponibles. Si los e-credits funcionan como está previsto, pueden acortar los plazos de amortización y hacer viables ubicaciones que actualmente no cierran los números con las tarifas de recarga al usuario.
El problema, como subraya AORU, está en los detalles regulatorios. La experiencia en otros mercados europeos que ya han implantado sistemas similares muestra que el diseño concreto de la norma determina si el mecanismo actúa como un incentivo real para desplegar nueva infraestructura o simplemente certifica lo que ya existiría sin él. La asociación defiende dos medidas que considera prioritarias: que las garantías de origen acrediten la electricidad renovable de forma que permita reconocer adecuadamente su contribución a la descarbonización, y que se establezca un modelo transitorio para la recarga privada que evite retrasos administrativos desde el primer día de entrada en vigor.
España llega a este punto tras consultas públicas celebradas en septiembre de 2025 y enero de 2026, con la norma técnicamente avanzada pero sin publicar. Para un sector que planifica inversiones a varios años vista, esa demora tiene coste real, ya que los proyectos de nuevas electrolineras necesitan certidumbre sobre los ingresos futuros antes de comprometer capital. La orden ministerial que acompañe al Real Decreto será, en ese sentido, tan determinante como el propio decreto.
Carlos Zubialde
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