Un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sitúa a Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos, dentro del núcleo de la investigación sobre la trama vinculada a Leire Díez. Según el documento remitido al juez instructor de la Audiencia Nacional, Serrano habría facilitado la incorporación de Díez a la compañía pública durante su etapa al frente del operador postal, primero en el área de Administración Local y después como directora gerente de Filatelia y Relaciones Institucionales, un puesto que dependía directamente de la presidencia.
El caso vuelve a poner el foco sobre un rasgo estructural de Correos que el sector logístico conoce bien, la presidencia de la compañía es un cargo de designación política, nombrado por el Gobierno de turno a través de la SEPI, como ha ocurrido con cada uno de sus presidentes desde que la empresa adoptó su forma societaria actual. Ese mecanismo de nombramiento no es una singularidad de esta investigación, es el modelo habitual de gobierno corporativo del operador postal público, y por tanto cualquier cambio de ciclo político en España se traduce, de forma prácticamente automática, en un cambio de dirección en Correos.
Para el sector del transporte y la logística, esta dependencia del ciclo político tiene una implicación operativa que va más allá del caso judicial concreto, porque Correos no es solo el operador postal universal, es también un competidor directo de empresas privadas de paquetería en un mercado liberalizado donde otros operadores no cuentan con el mismo tipo de vínculo con la Administración. Cuando la dirección de la compañía queda señalada en una investigación judicial, la incertidumbre no afecta solo a la gestión interna, afecta también a la estabilidad estratégica de un operador del que dependen miles de acuerdos comerciales, contratos de distribución y relaciones con grandes cargadores de comercio electrónico.
El informe de la UCO detalla comunicaciones frecuentes entre Serrano y Díez durante un periodo prolongado, y apunta a que el proceso de incorporación de esta última a Correos se resolvió mediante una búsqueda externa sin que existiera, según los investigadores, una convocatoria pública abierta equivalente a la que suele exigirse en procesos de selección de una empresa estatal. El juez instructor, Santiago Pedraz, decidió en mayo no imputar a Serrano al considerar necesario concretar antes su posible responsabilidad penal, y será la Audiencia Nacional quien determine ahora si esta nueva documentación policial justifica un cambio en su situación procesal.
Mientras el procedimiento judicial sigue su curso, el episodio deja sobre la mesa una pregunta que trasciende a las personas implicadas y que interpela directamente al modelo de gobernanza del operador postal público, si la vinculación estructural entre la presidencia de Correos y el Gobierno de turno sigue siendo compatible con la exigencia de neutralidad y estabilidad que el mercado logístico espera de un competidor con presupuesto público detrás.
Carlos Zubialde
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