El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 23 de julio el Real Decreto 611/2026, la norma que traspone al ordenamiento español la Directiva europea de energías renovables en su tercera revisión y que establece por primera vez un calendario de objetivos anuales de reducción de emisiones para el transporte español hasta el año 2040. El decreto cubre el transporte por carretera, el ferrocarril no electrificado y la navegación marítima, y recoge además los objetivos ya fijados por el reglamento europeo ReFuelAviation para el transporte aéreo, un 6% de combustibles sostenibles de aviación en 2030 que deberá escalar hasta el 34% en 2040.
Más allá de fijar porcentajes de reducción, la norma introduce un mecanismo hasta ahora inédito en la regulación española, un sistema de créditos electrónicos pensado para incentivar específicamente la electrificación del transporte y el despliegue de hidrógeno verde. Este mecanismo permite generar un valor certificable por el uso de estas tecnologías, que puede después contabilizarse dentro de los objetivos de descarbonización exigidos a los proveedores de combustible, en línea con el modelo de flexibilidad que ya contemplan otras normativas europeas recientes en materia de transporte.
Para el sector logístico y de transporte, este decreto aporta algo que llevaba tiempo reclamando, un horizonte normativo estable hasta 2040 sobre el que planificar inversiones en flota y en fuentes de energía alternativas, sin depender exclusivamente del ritmo de despliegue de la electrificación en vehículo pesado, todavía limitado por la autonomía y los tiempos de recarga. La combinación de objetivos generales de reducción con un subobjetivo específico para combustibles renovables avanzados da además margen a las empresas para escoger la tecnología, eléctrica, hidrógeno o biocombustible, que mejor se adapte a su tipo de operación, en lugar de imponer una única vía de descarbonización para todo el sector.
Carlos Zubialde
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