Direbús, la asociación mayoritaria de las pymes del transporte de viajeros por carretera, ha alertado de que la suspensión cautelar de varias licitaciones para la conservación de carreteras de la red del Estado pone en riesgo la circulación al retrasar la renovación de contratos esenciales para el mantenimiento de estas infraestructuras. La medida, acordada por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales tras el recurso especial presentado por ACEX, afecta a licitaciones incluidas en el plan de conservación de más de 1.000 millones de euros que el Ministerio de Transportes anunció a comienzos de julio, entre ellas las correspondientes a la AP-68 y once autovías de primera generación.
El momento en que se produce esta paralización agrava la situación, porque llega apenas cuatro meses antes del vencimiento de 29 contratos de conservación, entre ellos los de autovías de primera generación y la propia AP-68, que dejarán bajo responsabilidad directa del Estado cerca de 1.000 kilómetros adicionales de carreteras. Direbús subraya que la suspensión forma parte de la tramitación normal de los recursos en materia de contratación, y que corresponderá al Tribunal resolver sobre el fondo de las reclamaciones, pero advierte de que la incertidumbre generada mientras tanto ya puede tener consecuencias directas sobre la conservación de la red viaria.
El impacto que anticipa la asociación afecta de forma especial a los profesionales del transporte de viajeros, que recorren diariamente miles de kilómetros por la red nacional y dependen de infraestructuras seguras y bien mantenidas para prestar su servicio. Una eventual reducción o interrupción de las labores de conservación podría traducirse en peores condiciones de circulación, mayores tiempos de desplazamiento, un incremento del consumo de combustible y un mayor desgaste de autobuses, autocares y minibuses, con el consiguiente aumento de costes operativos que golpearía especialmente a las pequeñas y medianas empresas del sector, con menor capacidad para absorber sobrecostes imprevistos.
Alfonso Taborda, presidente de Direbús, ha señalado que el mantenimiento de las carreteras no puede quedar atrapado en una disputa administrativa o contractual mientras miles de vehículos siguen circulando cada día por ellas, advirtiendo de que si se retrasan los contratos de conservación, el problema no desaparece, simplemente se traslada al estado de las carreteras y, con él, a la seguridad y a los costes de quienes las utilizan a diario. Taborda ha insistido en que el transporte de viajeros no puede ser quien pague las consecuencias de esta situación, y ha reclamado tanto al Ministerio como a las empresas afectadas que hagan todo lo necesario para garantizar la continuidad del mantenimiento.
Direbús reclama además una planificación que permita afrontar el vencimiento de los 29 contratos sin poner en riesgo las condiciones de circulación, y que las futuras licitaciones se desarrollen con criterios de eficiencia, seguridad, transparencia y libre competencia. La asociación ha lamentado por último la falta de un posicionamiento público del Departamento de Viajeros del Comité Nacional del Transporte por Carretera ante una situación que, según defiende, tiene un impacto transversal sobre el sector y debería contar con una respuesta coordinada de las organizaciones representativas del transporte por carretera.
Carlos Zubialde
