La reforma del registro de jornada impulsada por el Ministerio de Trabajo continúa paralizada casi tres meses después de que el Consejo de Ministros aprobara su tramitación por la vía de urgencia. La falta de los informes preceptivos de los ministerios de Economía y Transformación Digital, ambos dirigidos por el PSOE, ha frenado una norma con impacto directo en sectores intensivos en mano de obra y con alta complejidad operativa, como el transporte y la logística.
El real decreto fue presentado como la alternativa del Ministerio de Trabajo al intento fallido de reducir por ley la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Tras el rechazo parlamentario, el departamento que dirige Yolanda Díaz aceleró su tramitación con el objetivo de que entrara en vigor a comienzos de 2026. Sin embargo, a día de hoy, el texto permanece bloqueado y sin avances visibles.
Según la memoria del borrador del reglamento, Trabajo debe recabar los informes de Economía, Transformación Digital y de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Aunque inicialmente se daba por hecho que el mayor obstáculo sería el dictamen en materia de protección de datos —clave en un modelo basado en el registro digital—, fuentes conocedoras del proceso señalan que el organismo independiente aún no está evaluando el texto. A ello se suma la ausencia de los informes internos de los ministerios socialistas.
La reforma se encuentra, por tanto, estancada en una fase preliminar y sin calendario definido para su aprobación en el Consejo de Ministros. La inclusión de asuntos en la agenda gubernamental depende en gran medida de las prioridades políticas del momento, lo que podría relegar esta iniciativa en un contexto de tensiones internas en el Ejecutivo. Además, cualquier norma con impacto económico debe contar con el visto bueno de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE), presidida por el ministro Carlos Cuerpo, un órgano que ya mostró reticencias ante las medidas laborales con mayor oposición empresarial.
Un problema de planificación para las empresas del sector
La falta de claridad en los plazos genera una creciente preocupación entre las empresas de transporte, distribución y logística, que necesitan certidumbre para planificar inversiones tecnológicas y adaptar sus procesos internos, así como la contratación de personal. El real decreto elimina el margen de seis meses de adaptación previsto inicialmente en el proyecto de ley y establece su entrada en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE.
Este escenario obliga a muchas compañías a anticiparse sin conocer todavía el texto definitivo. En sectores donde la gestión del tiempo de trabajo incluye turnos variables, rutas cambiantes, tiempos de espera en carga y descarga, trabajo nocturno o teletrabajo parcial, la adaptación a un sistema de control horario más exhaustivo supone un reto operativo y organizativo de primer nivel.
Ni siquiera los sindicatos, que presionaron para que estos cambios se impulsaran mediante real decreto, disponen actualmente de información concreta sobre los plazos de tramitación, lo que refuerza la sensación de incertidumbre entre las empresas.
Registro digital y control más detallado del tiempo de trabajo
El último borrador del reglamento, conocido en octubre, introduce cambios relevantes que afectan directamente al día a día de las empresas de transporte y logística. El eje central de la reforma es la obligación de implantar sistemas de registro de jornada completamente digitales, con acceso remoto para la Inspección de Trabajo y un nivel de detalle muy superior al actual.
El texto obliga a registrar las horas de inicio y fin de la jornada, así como las pausas realizadas, tanto en trabajo presencial como a distancia, incluso cuando el teletrabajo sea parcial. También exige diferenciar entre horas ordinarias y extraordinarias, detallar la duración de la jornada según el tipo de contrato y especificar cómo se compensan los excesos de jornada.
Aunque la responsabilidad legal de contar con un sistema conforme a la norma recae en la empresa, el borrador traslada al trabajador la obligación de realizar los registros, incluyendo tiempos de espera, disponibilidad para la empresa o interrupciones de la desconexión digital, situaciones habituales en el transporte por carretera y en muchas operaciones logísticas.
Además, las anotaciones no podrán modificarse sin el consentimiento del empleado y cualquier cambio no autorizado deberá quedar expresamente reflejado. Las empresas, por su parte, estarán obligadas a formar a los trabajadores en el uso de estas herramientas digitales, computando ese tiempo como trabajo efectivo.
Tecnología, datos y eficiencia operativa
Más allá del debate político, el futuro registro de jornada vuelve a poner sobre la mesa un reto clave para el sector: la necesidad de integrar el control horario dentro de los sistemas de gestión del transporte y la logística. La digitalización del registro, bien implantada, puede convertirse en una herramienta de mejora de la eficiencia operativa, planificación de recursos y cumplimiento normativo.
Sin embargo, la falta de certidumbre regulatoria y de plazos claros dificulta que las empresas adopten decisiones estratégicas con seguridad. A la espera de que el Gobierno desbloquee la tramitación, el sector continúa operando en un escenario de indefinición que complica la planificación y la inversión.
El debate sobre el nuevo registro de jornada no es solo una cuestión laboral o política, sino un asunto directamente ligado a la competitividad y a la eficiencia operativa del transporte y la logística. La falta de definición normativa y de plazos claros vuelve a situar a las empresas en una posición incómoda: la de tener que anticiparse a cambios regulatorios relevantes sin un marco estable sobre el que planificar.
Más allá de la obligación legal, el registro horario digital debería abordarse como una oportunidad para ordenar datos, mejorar la planificación de recursos y ganar visibilidad sobre los tiempos reales de trabajo, especialmente en un sector donde las esperas, la disponibilidad y la variabilidad operativa forman parte del día a día. Pero para que esa transformación sea viable, es imprescindible seguridad jurídica, diálogo con el sector y una implementación realista.
Mientras el Gobierno no despeje la incógnita sobre la entrada en vigor del nuevo modelo, las empresas harían bien en revisar sus sistemas actuales, evaluar soluciones tecnológicas adaptadas a su operativa y preparar a sus equipos para un escenario en el que el control del tiempo de trabajo será más exhaustivo y transparente. Porque, una vez más, el problema no será el cambio, sino llegar tarde y sin margen de adaptación.
Carlos Zubialde
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