El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seitt), ha propuesto la adjudicación de un acuerdo marco de asistencia técnica económico-financiera para reforzar la capacidad de análisis de la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje. Las cinco firmas seleccionadas son Analistas Financieros Internacionales (AFI), EY, BDO Auditores, la UTE formada por KPMG Asesores e Inframove, y GNL Russell Bedford Auditors.
El contrato, dotado con un presupuesto de tres millones de euros, tiene como objeto elaborar informes especializados sobre la situación financiera de las concesionarias, evaluar el impacto económico de decisiones regulatorias y estudiar posibles medidas de reequilibrio económico-financiero de las concesiones. El ámbito de actuación incluye también análisis de solvencia de las sociedades concesionarias, evaluación de préstamos o ayudas públicas y estudios sobre los efectos económicos, territoriales y sociales de las decisiones que adopte la Administración sobre estas infraestructuras.
La mesa de contratación otorgó la máxima puntuación técnica, 45 puntos, a AFI y EY. BDO, la UTE KPMG-Inframove y GNL Russell Bedford también superaron el umbral técnico mínimo exigido. Otras cuatro firmas que concurrieron al proceso, entre ellas ALG Global Infrastructure Advisors y Argon Consultores, quedaron excluidas por no alcanzar esa puntuación mínima, según la documentación del expediente.
El perímetro de concesiones sobre el que operará este asesoramiento es amplio y heterogéneo. Incluye autopistas históricas de peaje directo al usuario como la AP-9, AP-66, AP-68 o la AP-7, autovías gestionadas mediante peaje en sombra y, de forma especialmente relevante, las concesiones de primera generación cuyo vencimiento está fijado para finales de 2026. También quedan dentro del acuerdo las antiguas radiales de Madrid, actualmente en proceso de liquidación tras el rescate que el Estado tuvo que asumir cuando varias concesionarias entraron en concurso de acreedores.
El momento en que se formaliza este acuerdo no es algo que pase de forma seapercibidam ya que el sector privado lleva meses intensificando su presión para que el Gobierno avance hacia un modelo de pago por uso generalizado en la red de carreteras, argumentando que el mantenimiento de las infraestructuras es inasumible sin ingresos específicos en un contexto de restricciones presupuestarias. El propio Ministerio ha reconocido ese escenario en la documentación del expediente, que describe el acuerdo como una herramienta de apoyo ante las decisiones que deberá tomar la Administración sobre infraestructuras viarias estratégicas.
Para el sector del transporte de mercancías por carretera, la lectura de este movimiento debe de ser de máximo control porque tiene una implicación directa sobre la actividad. Las decisiones que se adopten sobre el modelo de financiación de las autopistas en los próximos meses tendrán consecuencias operativas y de costes para los transportistas. Que la Administración decida rodearse de asesoramiento técnico de esta envergadura, con este perímetro de contratos y en este momento, indica que las decisiones pendientes sobre la red concesionada no son menores ni están lejos.
Carlos Zubialde
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