La falta de pronunciamiento del Ministerio de Hacienda sobre la prórroga del límite de facturación para continuar tributando en el régimen de módulos está generando una creciente inquietud entre los transportistas autónomos. A apenas una semana de que finalice el plazo para aprobar la extensión de esta medida de cara a 2026, el silencio administrativo mantiene en vilo a cerca de 300.000 autónomos, de los cuales más de 30.000 pertenecen al transporte de mercancías por carretera.
El actual límite de facturación, fijado en 125.000 euros anuales, permite a estos profesionales seguir acogidos al régimen de módulos. Sin embargo, si no se aprueba una nueva prórroga antes de que termine el año, la última extensión —aprobada de forma excepcional en diciembre del pasado ejercicio— sería definitiva. En ese escenario, miles de autónomos se verían obligados a cambiar de régimen fiscal a partir de 2026, sin una transición clara ni un marco alternativo definido.
Las principales organizaciones representativas del transporte han alertado de que esta situación impide a los profesionales planificar con antelación su actividad y su fiscalidad, generando un escenario de incertidumbre, inseguridad jurídica y tensión social. En un comunicado conjunto, Fetransa, Fenadismer y Feintra reclaman al Gobierno la aprobación urgente de un Decreto-ley que prorrogue el límite de módulos antes de que finalice el año.
Las asociaciones advierten de que no hacerlo supondría dejar desprotegido a un colectivo que representa a decenas de miles de familias y que desempeña un papel esencial en la cadena de suministro. A su juicio, la ausencia de una decisión clara podría derivar en un escenario de conflictividad social, especialmente en un contexto de márgenes ajustados y elevados costes operativos para el transporte por carretera.
Desde hace años, las organizaciones del sector vienen trabajando en propuestas para una nueva regulación fiscal que permita una transición ordenada hacia un sistema alternativo al régimen de módulos. Estas iniciativas plantean un modelo más ajustado a la capacidad contributiva real de los autónomos, incorporando deducciones específicas vinculadas al desarrollo de la actividad. No obstante, hasta el momento, estas propuestas no han sido atendidas por el Ejecutivo.
Mientras tanto, más de 30.000 transportistas autónomos continúan en lo que las asociaciones califican como un limbo fiscal, sin saber si podrán mantener su actual régimen tributario ni qué normativa se aplicará en el futuro. La falta de definición, a escasos días del cierre del ejercicio, vuelve a situar al sector en una posición de incertidumbre que se repite año tras año y que, según denuncian, pone en riesgo la estabilidad económica de miles de profesionales.
Carlos Zubialde
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