El Gobierno de España parece querer jugar al despiste con las empresas, después de aprobar y presionar a todos los gremios para qué la factura electrónica y el sistema de gestión Verifactu fueran una realidad el 1 de enero del 2026, se ve atrasado hasta el 2027. El Consejo de Ministros ha acordado retrasar al 2027 por el lío que se estaba montando entre pymes y autónomos, y además, para cumplir con lo pactado con Junts per Catalunya.
Este retraso significa que el Real Decreto, que establecía los requisitos informatizados, programas informáticos y sistemas obligatorios para el proceso de facturación electrónica, queda aplazado hasta el 2027. Se aduce como principal motivo la falta de una adopción real del tejido empresarial al nuevo sistema, y que ante el peligro de un aterrizaje frustrado del mismo, se prefiere atrasar la fecha de entrada en vigor.
Es cierto que el nuevo sistema ha generado muchas dudas e intensos debates en los círculos empresariales y los profesionales financieros y contables, de forma todavía más acuciante entre las pequeñas empresas y autónomos, por tener estos menos medios para adoptar las nuevas necesidades como ocurre con el sector del transporte, donde la gran atomización del sector hacía prever una mala adopción del nuevo sistema, con las consecuencias que ello podría conllevar.
Tenemos que recordar que no es la primera vez que se aplaza la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto, ya fue aplazado de su fecha inicial del 1 de julio del 2025 al 1 de enero del 2026, siendo ahora por segunda vez trasladado de fechas, hasta el 1 de enero del 2027, siempre y cuando no veamos otra moratoria en los meses que quedan hasta la nueva fecha.
Esta normativa, que tiene como objetivo la monitorización de las operaciones económicas entre empresas y profesionales, para intentar atajar la economía sumergida y el fraude, ya se aplica en las tres provincias de la Comunidad Autónoma del País Vasco desde hace ya un cierto tiempo. La provincia de Gipuzkoa fue la primera en el año 2023, siendo las otras dos en el 2024, pero con un planteamiento muy distinto del que el Gobierno de España ha llevado adelante, planteamiento que en lugar de ayudar ha generado mayor desconocimiento e inseguridad. Ahora toca esperar hasta el 2027, si no hay otra moratoria, claro.
Carlos Zubialde
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