El sector del transporte vuelve a registrar una mejora en los tiempos de cobro, lo cual no deja de ser una buena noticia. Según el informe mensual elaborado por Fenadismer, en octubre los cargadores han pagado a los transportistas en un plazo medio de 58 días, uno de los valores más bajos del año y equivalente al registrado en agosto de este mismo año. Es además el segundo mes reciente en el que el periodo se sitúa por debajo del máximo de 60 días que establece la normativa de morosidad del pago de servicios de transporte en España.
Podemos destacar que, a lo largo de 2025, se consolida una evolución favorable en el cumplimiento de los plazos de pago, aunque todavía persisten importantes niveles de incumplimiento entre algunos cargadores. El 50% de los clientes continúa superando el límite legal, si bien la mayoría de estos retrasos son considerados en el informe como "moderados": el 81% se encuentra entre los 60 y los 90 días. Solo un 3% de las empresas morosas acumula demoras superiores a los 120 días, una cifra significativamente más baja que en 2022, cuando uno de cada cinco clientes superaba ese umbral.
Desde finales de 2021, el marco normativo español permite sancionar a las empresas que excedan los 60 días para abonar sus facturas en el ámbito del transporte, una herramienta que ha contribuido de manera progresiva a contener los plazos de pago y mejorar la liquidez de los proveedores junto con las inspecciones y sanciones que realiza el Ministerio de transporte, noticia que ya compartimos en informacionlogistica.com, y de la que se deduce que en el primer trimestre del 2025 fueron sancionadas 149 empresas, cuando ese mismo semestre en el 2024 fueron 331.
Mientras tanto, la Unión Europea trabaja en una nueva regulación destinada a reforzar la lucha contra la morosidad en todos los sectores económicos y la propuesta en estudio plantea reducir el plazo máximo de pago desde los actuales 60 días hasta los 30 PARA TODAS LAS ACTIVIDADES, con el objetivo de proteger especialmente a las pequeñas y medianas empresas y fomentar la puntualidad en las transacciones comerciales.
Y es que la morosidad es uno de los grandes problemas que afrontan las empresas, que se hace especialmente sangrante cuando el tamaño de esta es pequeña, suponiendo un real riesgo de desaparición en muchos casos. No es solo una sensación, al hilo de los trabajos que se están haciendo para cambiar la normativa, la Comisión Europea lanzo este verano una encuesta a 3.000 empresas, para poder tener información de primera mano respecto a lo que supone la morosidad, y los datos han sido concluyentes: un 73% considera la morosidad un problema grave, cuatro de cada diez empresas se ven obligadas a frenar inversiones y crecimiento por falta de liquidez, el 39% debe recurrir a financiación bancaria para compensar el desfase en tesorería y un 30% asegura que estos retrasos ponen en riesgo la continuidad de su negocio.
Veremos como avanza este debate y la real aplicación, si llega, de la reducción del plazo de pago, algo muy demandado, sobre todo en sectores donde de forma histórica la morosidad ha sido muy elevada, como sucede en el transporte.
Carlos Zubialde
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