A pocos días de cerrar el primer trimestre, el Ministerio de Hacienda ha despejado la incertidumbre que pesaba sobre decenas de miles de transportistas autónomos, confirmando que el límite de facturación para acogerse al régimen de estimación objetiva, los conocidos como módulos, se mantiene en 125.000 euros para todo el año 2026. La aclaración llega tarde, aunque llega, y lo hace por la misma vía que el año pasado: una nota técnica informativa, sin rango de ley, que sin embargo tiene efectos prácticos inmediatos para el colectivo.
El trasfondo del problema es conocido, aunque conviene recordarlo. El Congreso ha tumbado en lo que va de año los dos decretos ley que contenían ese tope de facturación, dejando a los transportistas autónomos en una situación de indefinición jurídica, sin saber si podían mantenerse acogidos al régimen simplificado. La situación no era nueva, pero sí especialmente delicada al coincidir con el cierre de trimestre, momento en el que muchos autónomos tienen que tomar decisiones fiscales con consecuencias directas en su operativa.
La solución que ha aplicado Hacienda parte de un argumento técnico: dado que el año 2026 comenzó con los límites de facturación ampliados en vigor, los aprobados en el decreto de finales de diciembre de 2025 que el Congreso posteriormente no convalidó, dichos límites se consideran plenamente aplicables para todo el periodo impositivo actual. Es exactamente el mismo mecanismo que se utilizó el año pasado y que ya generó debate entonces sobre su solidez jurídica. Funciona, pero no es la solución que el sector lleva tiempo reclamando.
Fenadismer calcula que el mantenimiento de estos límites beneficiará directamente a más de 30.000 transportistas autónomos que habrían quedado excluidos del régimen simplificado de no mediar esta aclaración. En términos concretos, los límites de exclusión para 2026 quedan fijados en 125.000 euros anuales para quienes facturan principalmente a empresas y profesionales, y en 250.000 euros de volumen de ingresos totales para el resto de actividades. Para la inmensa mayoría de los transportistas autónomos, que trabajan casi en exclusiva con empresas, el umbral que miran y más les importa es el primero.
Para entender la magnitud del retroceso que habría supuesto no confirmar la prórroga, hay que mirar al punto de partida. Hasta 2016, el sistema de módulos permitía acogerse a él con una facturación de hasta 450.000 euros anuales. A partir de esa fecha, los límites pasaron a ser de 150.000 euros con carácter general y de 75.000 euros cuando la mayor parte de los ingresos provenía de empresas o profesionales. Fue precisamente ese umbral de 75.000 euros el que provocó la alarma en el sector, ya que excluía de golpe a miles de autónomos que operaban con cifras muy por encima de ese techo. La ampliación transitoria a 125.000 euros, acordada como medida de adaptación por dos años, lleva desde entonces encadenando prórroga tras prórroga.
Y ahí está el fondo del asunto, que esta confirmación no resuelve. El sector no pide más prórrogas, pide que se acabe con ellas. Las asociaciones llevan tiempo reclamando un modelo fiscal estable para el transporte, que no dependa de que el Gobierno consiga sacar adelante cada año un decreto ley y de que el Congreso lo convalide. Un sistema tributario que obliga a los autónomos a llegar al final de cada trimestre sin saber si su régimen fiscal sigue vigente no es un sistema que funcione, por mucho que cada vez se acabe encontrando una salida de emergencia.
La nota técnica de Hacienda resuelve el problema inmediato y merece ser reconocida como tal, pero llega con el trimestre casi cerrado y sin ofrecer nada más allá del alivio del momento. Para 30.000 autónomos, la incertidumbre de los últimos meses ha tenido un coste real en tiempo, en decisiones postergadas y en energía dedicada a un problema que no debería existir. Mientras no haya una reforma fiscal de fondo que fije este régimen de manera permanente, la escena se repetirá el año que viene.
Carlos Zubialde
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