El Gobierno estudia elevar la fiscalidad del gasóleo para cumplir uno de los compromisos ligados a los fondos NextGeneration, y el transporte de mercancías por carretera ha vuelto a activar las alarmas. La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha advertido de que la medida golpearía directamente la competitividad de las empresas del sector, ya que el combustible sigue siendo su partida de coste más pesada y cualquier subida se traslada, tarde o temprano, al resto de la cadena logística.
El argumento de fondo no es nuevo, pero vuelve a resonar con fuerza: el transporte lleva años absorbiendo incrementos de costes que poco tienen que ver con su actividad, desde el encarecimiento de los combustibles hasta el aumento de las cargas laborales, financieras y regulatorias, sin olvidar las inversiones que exige la descarbonización. Según ha explicado la propia CETM, equiparar la fiscalidad del gasóleo a la de la gasolina no solo perjudicaría al sector, sino que podría resultar contraproducente para la propia recaudación estatal, porque un incremento de diez céntimos por litro reduciría el atractivo de España como país de repostaje para las flotas internacionales, favoreciendo que ese consumo se desvíe hacia otros países fronterizos.
Ahí es donde el debate deja de ser solo fiscal y se convierte en operativo. Las empresas que trabajan con vehículos ligeros de hasta 7,5 toneladas, muy presentes en la última milla y en el reparto urbano, no pueden acogerse a la devolución del gasóleo profesional, por lo que asumirían el incremento de forma íntegra, sin ningún mecanismo compensatorio. Para muchas pymes del sector, que ya operan con márgenes ajustados y una fuerte dependencia del circulante, ese golpe directo sobre la tesorería no es un matiz menor, es la diferencia entre cerrar el ejercicio en positivo o no hacerlo.
El presidente de la CETM, Carmelo González, ha resumido la posición del sector señalando que las empresas de transporte "no pueden ser el instrumento" para compensar compromisos que deberían repartirse entre todos los sectores implicados. Es una queja que el transporte repite cada vez que se plantea una reforma fiscal con impacto en el gasóleo, y que refleja hasta qué punto el sector se percibe como el pagano recurrente de decisiones que se toman en otros despachos.
La Confederación insiste en que España debe cumplir sus compromisos con Bruselas, pero reclama que cualquier cambio fiscal se negocie antes con el sector y se evalúe su impacto económico real, no solo el recaudatorio. Es una petición razonable en un país donde la competitividad exterior depende en buena medida de que el transporte de mercancías siga siendo eficiente y asequible.
La pregunta que queda sobre la mesa es si el Gobierno diseñará esta subida con matices, protegiendo a los segmentos más vulnerables del sector, o si optará por una medida lineal que traslade el coste completo a quienes menos margen tienen para absorberlo. La respuesta determinará no solo el precio del transporte en los próximos meses, sino cuántas pymes del sector aguantan el envite sin tener que repercutirlo, otra vez, sobre sus clientes.
Carlos Zubialde
contacto@informacionlogistica.com
