La propuesta de la Comisión Europea de eximir a las furgonetas eléctricas de hasta 4,25 toneladas del uso de tacógrafo y limitador de velocidad tiene un impacto especialmente relevante para las empresas de última milla y distribución urbana, cuya operativa se desarrolla mayoritariamente dentro del ámbito nacional.
Al limitar la exención del tacógrafo al transporte interior, estas compañías quedarían plenamente cubiertas por la nueva normativa, ya que sus rutas se concentran en entornos urbanos y metropolitanos, sin operaciones de transporte internacional ni cabotaje. Esto elimina de un plumazo una de las principales barreras regulatorias que hasta ahora penalizaban el uso de vehículos eléctricos de mayor capacidad.
Para las empresas de reparto urbano, la posibilidad de operar furgonetas eléctricas de hasta 4,25 toneladas con permiso B, sin tacógrafo y sin limitador, supone un cambio estructural. Permite recuperar carga útil, compensar el peso de las baterías y mantener esquemas de trabajo ágiles, sin introducir nuevas obligaciones administrativas ni alterar la planificación de rutas y turnos.
Además, la exención general del limitador de velocidad refuerza la flexibilidad operativa, equiparando definitivamente estos vehículos a las furgonetas diésel tradicionales. En un contexto donde la eficiencia, la puntualidad y la capacidad de adaptación son claves, esta igualdad normativa facilita una transición realista hacia flotas eléctricas.
Para la logística urbana, donde la presión regulatoria, las zonas de bajas emisiones y las exigencias medioambientales son cada vez mayores, este enfoque supone una oportunidad clara. La electrificación deja de ser un problema de restricciones y se convierte en una herramienta para mejorar la operativa, optimizar costes a medio plazo y cumplir con las exigencias normativas sin sacrificar productividad.
A la espera de su aprobación definitiva y de su aplicación en España, la propuesta confirma que la regulación empieza a alinearse con la realidad de la última milla, aunque nos quedaria por abordar el coste de las mismas, para que la transición también fuera ajustada en terminos económicos y financieros para las empresas de transporte.
Carlos Zubialde
contacto@informacionlogistica.com
