El encarecimiento del gasóleo provocado por la escalada del conflicto entre Irán e Israel vuelve a poner al transporte por carretera frente a uno de sus problemas estructurales: la dependencia absoluta del combustible y la fragilidad financiera de muchas empresas cuando el precio del diésel se dispara en pocos días.
La subida está generando tensiones de liquidez inmediatas en muchas compañías de transporte, que no pueden asumir todo lo que significa la situación. No se trata solo de un aumento de costes que pueda repercutirse con el tiempo a los clientes. El problema aparece antes, en el momento de repostar. Cuando el precio por litro sube con rapidez, las necesidades de caja para mantener la actividad diaria crecen de forma automática.
Ante esta situación, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha pedido a las principales petroleras que operan en España que flexibilicen temporalmente los límites de crédito asociados a las tarjetas de combustible utilizadas por las empresas del sector. El planteamiento es sencillo: si el precio del gasóleo aumenta, mantener los mismos límites de gasto puede impedir a algunas compañías repostar con normalidad o abastecer sus propios depósitos.
La organización advierte de que una restricción financiera de este tipo podría trasladarse rápidamente a la operativa. El transporte por carretera mueve más del 95% de las mercancías que se consumen en España, por lo que cualquier problema de liquidez en las empresas termina afectando al funcionamiento de la cadena de suministro.
En paralelo, vuelve a abrirse el debate sobre las ayudas públicas, y aquí, dependiendo de quién es, y dónde está en el sector, tiene una visión distinta, incluso contrapuesta. Según ha trasladado Fenadismer, el Ministerio de Economía estaría valorando recuperar el sistema de devoluciones directas que ya se aplicó en 2023, mediante el cual los transportistas reciben la bonificación a través de la Agencia Tributaria. Este mecanismo pretende asegurar que las ayudas lleguen directamente a las empresas de transporte y no se diluyan en la cadena de suministro.
La puesta en marcha de este sistema dependería, en cualquier caso, de la aprobación del marco europeo de ayudas de Estado, un trámite que debe pasar por el Consejo Europeo y que condiciona los plazos de aplicación.
Mientras tanto, dentro del propio sector conviven posiciones distintas sobre qué tipo de medidas deberían aplicarse. Algunas organizaciones empresariales han planteado recuperar un sistema de descuento directo por litro de combustible, similar al que se implantó durante la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania, cuestión que parece haber sido ya rechazada por el Gobierno, al entender que es una situación "distinta".
Sin embargo, ese modelo también generó un debate importante en su momento, pese a que muchos parecen haberlo olvidado rápidamente. Las ayudas directas tenían un límite máximo de 400.000 euros por empresa, un tope que buscaba evitar que las mayores subvenciones se concentraran en las compañías con grandes flotas. Sin ese tipo de límites, una bonificación generalizada por litro podría beneficiar de forma mucho más significativa a los grandes operadores del transporte, mientras que las pequeñas empresas obtendrían un impacto mucho más reducido.
El Gobierno ya ha mostrado reticencias a recuperar ese sistema. Desde el Ministerio de Economía se ha señalado que la situación actual no es comparable a la crisis energética provocada por la invasión de Ucrania y que las bonificaciones generalizadas al combustible fueron una medida muy cuestionada en términos de eficacia y coste público.
La discusión vuelve así a un punto conocido para el sector: cómo intervenir en un mercado donde el combustible representa uno de los principales costes operativos sin generar distorsiones ni favorecer de forma desproporcionada a determinados actores.
Cada nueva crisis energética reactiva el mismo debate y evidencia hasta qué punto el transporte sigue expuesto a factores que escapan por completo a su control. El precio del gasóleo puede cambiar en cuestión de días por decisiones políticas o conflictos geopolíticos a miles de kilómetros. Mientras esa dependencia siga siendo tan elevada, el sector continuará atrapado entre la volatilidad de los mercados energéticos y la necesidad de mantener en marcha una actividad esencial para la economía.
Carlos Zubialde
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