Hay cambios normativos que se anuncian con meses de antelación y aun así llegan con el sector sin preparar, y este puede ser uno de ellos. A partir del próximo 1 de julio, los vehículos de transporte ligero de entre 2,5 y 3,5 toneladas que operen en rutas internacionales estarán obligados a circular con tacógrafo, una exigencia derivada del Paquete de Movilidad de la Unión Europea que, sobre el papel, lleva tiempo sobre la mesa, pero que en la práctica encuentra a buena parte de los afectados con poco margen de maniobra.
Fenadismer ha trasladado al Ministerio de Transportes un paquete de medidas urgentes, y la petición en sí misma ya dice mucho del punto en el que se encuentra el segmento. La Federación reclama ayudas para formación, subvenciones para la instalación del dispositivo y, sobre todo, la agilización de un trámite que debería estar resuelto desde hace tiempo: la modificación de la Orden Ministerial que permite a los conductores con permiso B solicitar la tarjeta de tacógrafo. Esa orden lleva en trámite desde julio del año pasado, y a pocos meses de la fecha límite, todavía no está aprobada.
El problema de fondo no es técnico, es estructural. Los conductores de vehículos ligeros operan habitualmente con permiso B y no están obligados al CAP, lo que significa que la gran mayoría desconoce por completo la normativa de tiempos de conducción y descanso, y nunca ha tenido que manejar un tacógrafo. No es una cuestión de resistencia al cambio, sino de que se les exige de golpe una adaptación que el transporte pesado asumió de forma progresiva durante años.
A esto hay que sumar el coste de instalación del dispositivo, que no es menor para autónomos y pequeñas empresas que trabajan con márgenes muy ajustados. Fenadismer pide una línea de subvenciones equivalente a la que se habilitó para el transporte pesado en 2024, lo que vendría a reconocer implícitamente que la transición tiene un precio que no puede recaer exclusivamente sobre el operador.
Lo que está en juego no es menor, el segmento de los ligeros ha crecido con fuerza en los últimos años, impulsado en gran parte por el comercio electrónico y la proliferación de operadores de última milla que trabajan con furgonetas en rutas que cada vez se extienden más allá de las fronteras. Aplicar la normativa sin los recursos para cumplirla no solo generará sanciones, pondrá en desventaja a quienes intenten hacerlo bien frente a quienes simplemente no lo hagan.
Julio no está lejos, y la suma de una orden ministerial pendiente, formación prácticamente inexistente y sin ayudas económicas confirmadas, dibuja un escenario donde el riesgo de incumplimiento por desconocimiento es real y evitable. El sector no pide una prórroga indefinida, pide las condiciones mínimas para adaptarse. Si la respuesta llega tarde, la normativa europea habrá aterrizado, pero sin el suelo necesario para sostenerse.
Carlos Zubialde
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