Doce días lleva en vigor el decreto ley que obliga a repercutir las variaciones del precio del gasóleo en los contratos de transporte, y mañana, jueves 30 de abril, puede convertirse en papel mojado. Si el Congreso no lo convalida, decae. Así de sencillo y así de grave para un sector que lleva semanas mirando el precio del combustible con la misma angustia con la que se mira un agujero en la caja.
La norma, negociada entre el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) y el Gobierno, no es un capricho gremial, ya que viene a cerrar una de las grietas más antiguas del sector: la posibilidad de que un contrato de transporte incorpore una cláusula que excluya la revisión del precio en función del combustible. Eso, a partir de ahora, quedaría prohibido y sancionable. Los cargadores que se nieguen a aplicar la modificación de precio se exponen a multas. No es poco, porque esa "cláusula de contrario" ha sido durante años el mecanismo con el que muchos cargadores blindaban su precio frente a las subidas, dejando al transportista con el coste por delante.
Javier Arnedo, presidente del CNTC, lo ha dicho sin rodeos en la asamblea de CETM-Madrid este martes: pide al PP que apoye la norma, o al menos que se abstenga para que no decaiga. El interlocutor directo ha sido Luis Miguel Torres, director general de Transportes de la Comunidad de Madrid y militante del partido conservador, quien ha dado su compromiso de trasladar el respaldo a los compañeros del Congreso. Un compromiso verbal, que vale lo que vale hasta que se produce la votación.
La situación coyuntural en que nace esta ley no puede ser más tensa, ya que el estallido del conflicto en Irán ha disparado el precio de los combustibles en las últimas semanas, y el sector arrastra pérdidas de los primeros días de crisis que ninguna normativa, por buena que sea, va a compensar retroactivamente. Por eso, junto a la defensa de la ley, el sector sigue exigiendo ayudas directas por vehículo, similares a las que se aprobaron cuando la guerra de Ucrania hace cuatro años. El problema ahora es que Bruselas no ha dado luz verde a ese tipo de ayudas estatales, y los operadores llevan casi dos meses esperando que los 20 céntimos por litro publicados en el BOE se hagan efectivos.
El presidente de CETM-Madrid, Cristóbal San Juan, ha sido directo al respecto: el Gobierno debe ejecutar esa medida con el beneplácito de Europa o sin él. Es comprensible la impaciencia, porque cuando los márgenes son los que son en este sector, cada semana de retraso tiene un impacto real en la cuenta de resultados de cientos de pymes.
Que la ley sea buena no significa que vaya a sobrevivir, y eso es lo que el sector tiene que entender esta semana, ya que el sistema parlamentario tiene sus propias lógicas, y una norma negociada con el Ejecutivo puede caer por razones que poco tienen que ver con su contenido técnico. Si decae mañana, el debate sobre la cláusula de combustible volverá a empezar desde cero, en plena tormenta.
Carlos Zubialde
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