La amenaza de CCOO de convocar una huelga general en el transporte tiene un fondo legítimo, porque el problema que denuncia es real: la Seguridad Social lleva meses sin resolver las solicitudes de jubilación anticipada de conductores profesionales, pese a que el propio Ejecutivo fijó un plazo de seis meses para tramitarlas. Ese plazo vence en abril y, según el sindicato, la Administración no ha elaborado todavía ninguno de los cuatro informes técnicos necesarios para que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social pueda emitir una resolución.
El marco legal que ampara estas solicitudes es el Real Decreto 402/2025, que reconoce la actividad de conductor profesional como profesión penosa a efectos de jubilación anticipada sin penalización. Los trabajadores que han seguido escrupulosamente los requisitos se encuentran ahora ante la posibilidad de que sus expedientes sean desestimados por silencio administrativo negativo, una figura que el propio reglamento contempla cuando la Administración no resuelve en plazo. El secretario general del sector de CCOO, Francisco Vegas, lo califica de "irresponsabilidad política, administrativa y social", y no le falta razón en el diagnóstico.
Dicho esto, conviene situar la amenaza de huelga general en su contexto real. CCOO tiene una presencia muy limitada en el transporte por carretera, un sector donde la representatividad sindical históricamente ha recaído en las organizaciones patronales y en asociaciones de autónomos como Fenadismer o el Comité Nacional de Transporte por Carretera. La capacidad del sindicato para arrastrar al conjunto del sector hacia una huelga general es, cuando menos, incierta, ya que una convocatoria de ese calibre requiere una adhesión que CCOO difícilmente puede garantizar por sí sola. El propio sindicato reconoce que buscará "consensuar un calendario de movilizaciones con el resto de actores del transporte", lo que en la práctica significa que sin ese respaldo, la amenaza tiene más de presión política que de paro real.
Lo que no resta credibilidad es el fondo de la reclamación. La jubilación anticipada por penosidad es una deuda pendiente con un colectivo que acumula décadas de condiciones laborales duras: largas jornadas, estrés postural, nocturnidad, y un desgaste físico que los datos de siniestralidad y salud laboral del sector confirman. Que el Gobierno apruebe un decreto que reconoce esa realidad y luego la propia maquinaria administrativa no tenga los recursos para tramitarlo en plazo es, efectivamente, un problema que merece más atención de la que ha recibido.
La pregunta que queda en el aire es si esta situación se resolverá antes de que los primeros expedientes empiecen a caducar por silencio administrativo, o si los conductores que confiaron en el procedimiento legal terminarán pagando el precio de una gestión que no ha estado a la altura del compromiso adquirido.
Carlos Zubialde
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