El Gobierno tenía un plazo legal para responder a la solicitud de jubilación anticipada del sector del transporte, y ese plazo venció sin respuesta ninguna, una situación que los sindicatos ya no ocultan que les genera una profunda desconfianza sobre la voluntad política real detrás de este proceso.
El decreto aprobado en mayo de 2025 establecía un procedimiento concreto: tras recibir la solicitud, la Seguridad Social disponía de seis meses para resolver. El transporte de mercancías y el de viajeros registraron sus peticiones en octubre del año pasado. El plazo expiró. El informe técnico que debe elaborar la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, pieza imprescindible sin la cual la comisión de evaluación ni siquiera puede empezar a trabajar, está, según el ministerio, "en fase de elaboración".
Lo que hace más difícil aceptar ese retraso sin preguntarse por sus causas es la magnitud de lo que está en juego, porque no hablamos de un colectivo pequeño. Las solicitudes afectan a medio millón de trabajadores del transporte de mercancías y cerca de 100.000 del transporte de viajeros. Para un sistema de pensiones ya presionado por la jubilación del baby boom y la revalorización continua de las prestaciones, conceder coeficientes reductores a este volumen de trabajadores tiene un impacto que no admite improvisación, y eso, en buena medida, puede explicar la prudencia del ministerio, aunque no justifica el incumplimiento de sus propios plazos.
El sector lleva tiempo acumulando señales de que esta promesa iba a moverse con lentitud. La comisión que debía formarse poco después de aprobarse el decreto no quedó constituida hasta octubre. Ahora, la misma dinámica se repite con el informe técnico. Además, la comparación con otros colectivos no ayuda a calmar los ánimos. Bomberos y agentes forestales obtuvieron sus coeficientes reductores directamente por Consejo de Ministros, sin pasar por el procedimiento habitual. Marineros, mineros y pilotos llevan años disfrutando de ellos. El transporte, con 93 muertos en jornada en 2025, el segundo sector con mayor siniestralidad de la economía española, sigue esperando en una cola burocrática que, por ahora, no tiene fecha de salida.
La amenaza de huelga ya está sobre la mesa, pero lo significativo no es tanto la movilización en sí como lo que revela sobre el estado del diálogo entre el sector y el Ejecutivo, ya que los sindicatos no están pidiendo nada nuevo, están reclamando el cumplimiento de un acuerdo firmado en La Moncloa en septiembre de 2024, ratificado después en un decreto, y dotado de un procedimiento con plazos legales. Que dieciocho meses después de ese acuerdo el sector siga sin tener ni siquiera un informe técnico concluido dice bastante sobre la distancia que puede existir entre lo que se firma y lo que se ejecuta.
Para las empresas del sector del transporte, el asunto tiene una dimensión que va más allá del debate político, y es que la jubilación anticipada lleva aparejada una sobrecotización a cargo de los empleadores, lo que en un sector de márgenes históricamente ajustados obliga a redoblar una vez más el control sobre los márgenes Sin una fecha concreta, esa planificación es imposible, y la incertidumbre tiene un coste que no aparece en ningún decreto.
Carlos Zubialde
contacto@informacionlogistica.com
