El Consejo Europeo ha dado luz verde esta semana a la reforma del Código Aduanero de la Unión más ambiciosa de las últimas décadas, un cambio que solo necesita ya el visto bueno del Parlamento Europeo, previsto para este mismo mes de septiembre, para entrar en vigor de forma gradual a partir del 1 de julio de 2028, con aplicación completa fijada para el 1 de marzo de 2032. Makis Keravnos, ministro de Finanzas de Chipre, la definió como la mayor reforma desde la creación de la propia Unión Aduanera en 1968, un salto que responde al crecimiento del comercio electrónico, al riesgo creciente de entrada de productos inseguros y a la presión sobre unos controles fronterizos que el modelo actual ya no puede sostener.
La reforma se articula en torno a cuatro pilares. El primero es el nuevo Centro de Datos Aduanero de la Unión Europea, una plataforma centralizada que permitirá a importadores y exportadores enviar su información una sola vez a través de un portal único, en lugar de repetirla ante 27 autoridades nacionales distintas, mejorando trazabilidad e integridad de los datos. El segundo pilar introduce el estatuto de operador Trust and Check, una evolución del actual régimen de Operador Económico Autorizado que ofrecerá a las empresas más transparentes procedimientos simplificados, permitiéndoles poner mercancía en circulación en la Unión Europea sin intervención aduanera activa. El Consejo General de Agentes de Aduanas y Representantes Aduaneros español ha valorado positivamente el mantenimiento del OEA de Simplificaciones Aduaneras, aunque mantiene reservas sobre el acceso a esta nueva figura mediante representación directa, la modalidad en la que el agente aduanero no asume las responsabilidades jurídicas y fiscales de sus clientes.
El tercer pilar afecta directamente al comercio electrónico, donde el nuevo texto aclara que las plataformas ajenas a la Unión Europea, como los grandes marketplaces asiáticos, serán consideradas importadoras cuando vendan a consumidores comunitarios, y por tanto responsables de garantizar el cumplimiento de todos los trámites aduaneros y el pago de derechos, liberando de esa carga al consumidor final. Este cambio viene acompañado de un régimen de sanciones específico para operadores de comercio electrónico que incumplan sus obligaciones, con multas de hasta el 6% del valor anual de sus importaciones, retirada de privilegios aduaneros e incluso restricciones de acceso a sus plataformas en los casos más graves. A ello se suma una nueva tasa de gestión aplicable en toda la Unión a los paquetes pequeños de comercio electrónico, cuya cuantía fijará la Comisión antes de que los Estados miembros empiecen a aplicarla, a más tardar el 1 de noviembre de 2026, una tasa independiente del arancel provisional de tres euros que ya grava desde julio los envíos de menos de 150 euros procedentes de fuera de la Unión Europea.
El cuarto pilar crea una nueva Autoridad Aduanera de la Unión Europea, encargada de analizar los datos de importación y exportación del futuro centro de datos para ayudar a los Estados miembros a priorizar la inspección de mercancías de mayor riesgo, establecer zonas de control prioritarias y coordinar la gestión de crisis aduaneras a escala comunitaria. La sede de esta nueva autoridad se ha fijado en Lille, Francia, tras un proceso de candidaturas en el que nueve países optaron a acogerla, entre ellos España, que presentó Málaga como sede candidata sin éxito, junto a Bélgica, Croacia, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal y Rumanía. La autoridad comenzará a operar de forma progresiva, con algunas funciones ya en 2027 y plena operatividad prevista para 2028.
Para el sector logístico y de transporte, esta reforma implica revisar con antelación procesos que hasta ahora quedaban circunscritos al departamento aduanero o logístico, porque el nuevo entorno digital y de trazabilidad de datos exige implicar también a fiscalidad, compras, tecnología y cumplimiento normativo dentro de cualquier empresa con actividad de comercio exterior. La pregunta que cualquier operador debería hacerse desde ya, según coinciden los analistas del sector, es si podría justificar hoy mismo, de forma rápida y documentada, todos los datos incluidos en una declaración aduanera, porque el margen de comprobación que tendrán las autoridades una vez el sistema esté plenamente operativo será considerablemente mayor del que existe en la actualidad.
Carlos Zubialde
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