Direbús, la asociación que agrupa a más de 700 empresas de transporte discrecional en autobús, en su mayoría pymes, prepara una denuncia ante el Tribunal de Cuentas para que este revise las subvenciones y los fondos públicos que el Ministerio de Transportes destinó al sector durante la etapa de Óscar Puente. La iniciativa llega dos días después de la dimisión del ministro y de la del presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, tras el accidente ferroviario de Urda. Direbús considera que la responsabilidad política no termina con esas salidas y quiere saber adónde ha ido el dinero, cómo se ha repartido y si ha servido para mejorar los servicios.
El Tribunal de Cuentas es el órgano que fiscaliza las cuentas y la gestión económica del sector público, y la asociación quiere que examine los proyectos financiados, los criterios con los que se concedieron las ayudas y la justificación del gasto. Dos programas centran sus críticas, Verano Joven y el Abono Único, que según Direbús han beneficiado en buena medida a algunas grandes compañías sin que los servicios hayan mejorado en la misma proporción y sin corregir los desequilibrios de competencia en el sector. La asociación no aporta cifras sobre el reparto de esas ayudas entre empresas, y precisamente esa información es la que espera que salga de una fiscalización.
Sí da números para el otro asunto que quiere que se revise, los planes alternativos de transporte por carretera de Renfe Viajeros, es decir, los autobuses que sustituyen a los trenes cuando una línea se corta por obras o incidencias. Según los datos publicados por la propia Renfe, el importe adjudicado a estos servicios pasó de unos siete millones de euros en 2020 a más de 94 millones en 2025. Una parte de ese aumento se explica por el volumen de obras y cortes que ha tenido la red ferroviaria en esos años, pero Direbús cree que la cifra justifica por sí sola que se revise cómo se adjudican esos contratos y qué reciben a cambio los viajeros.
Alfonso Taborda, presidente de la asociación, sostiene que no cuestionan el gasto público en movilidad y que lo que piden es transparencia sobre su destino y sobre si cumple los objetivos para los que se concede. Direbús reclama además que se depuren responsabilidades en la cúpula de Renfe, cuyos órganos de dirección, según la asociación, están presididos por cargos afines al exministro, y cuestiona la licitación con la que Renfe quiere crear una sociedad de autobuses, aunque la nota no explica en qué consiste ese proyecto ni cuáles son sus objeciones.
La denuncia está todavía en preparación y llega con el ministerio en manos de un titular interino hasta las elecciones del 29 de noviembre, de modo que cualquier respuesta tardará en llegar. Para las empresas de autobús, el resultado puede ser relevante más allá de la polémica política. Si la fiscalización detalla cómo se han repartido las ayudas y los contratos de transporte alternativo, las pymes del sector tendrán por primera vez datos con los que comprobar si las condiciones de acceso a esos fondos les dejan competir de verdad con los grandes grupos, y ese dato puede pesar más en su negocio que cualquier dimisión.
Carlos Zubialde
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