El Ayuntamiento de Málaga devolverá de oficio unos 1,38 millones de euros a los conductores que pagaron multas por circular por su zona de bajas emisiones (ZBE), después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anulara la ordenanza municipal que la regulaba. El tribunal considera discriminatoria la norma porque trataba de forma distinta a los vehículos sin distintivo ambiental según estuvieran domiciliados en la capital o en otros municipios.
Desde la activación de la ZBE se impusieron 49.652 multas, de las que 13.600 llegaron a cobrarse. El consistorio ha anunciado que no recurrirá la sentencia, ha dejado de sancionar por las restricciones específicas de la zona de bajas emisiones y suspenderá los expedientes en tramitación, que anulará cuando la resolución sea firme. Para recibir el dinero, los afectados deben facilitar sus datos bancarios a través de un trámite de Gestrisam, el organismo municipal de gestión tributaria, en su web, en la sede electrónica o de forma presencial, y conservar el justificante de pago. La devolución, en todo caso, depende de que la sentencia gane firmeza, porque el plazo para presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo sigue abierto.
La anulación no deja la ciudad sin restricciones de tráfico, ya que se mantienen las limitaciones de acceso a calles, zonas peatonales y otros espacios con regulación propia. Tampoco tiene efecto automático en otras ciudades, porque cada municipio aprueba su propia ordenanza, aunque el caso de Málaga se suma a una cadena de hasta 13 sentencias que han anulado temporalmente zonas de bajas emisiones en España y a los pronunciamientos judiciales contra la de Madrid.
Para el transporte de mercancías, la situación tiene consecuencias que van más allá de la devolución de las multas. Las zonas de bajas emisiones afectan de lleno a las furgonetas y camiones de reparto que entran a diario en los centros urbanos, y muchas empresas y autónomos han adelantado la renovación de sus vehículos para obtener el distintivo ambiental que les permite acceder. Cada anulación judicial introduce una incertidumbre añadida en esas decisiones, porque las reglas pueden cambiar de una ciudad a otra y de un año a otro, mientras que la inversión en un vehículo nuevo se amortiza durante muchos años.
Esa falta de estabilidad complica la planificación de las flotas de distribución urbana, que trabajan a menudo en varias ciudades con ordenanzas distintas. Una empresa de reparto que opera en Málaga, Madrid y Barcelona tiene que conocer los calendarios, las excepciones y los criterios de cada municipio, y ahora también el estado judicial de cada uno.
Para los transportistas que recibieron y pagaron una multa en la ZBE de Málaga, el primer paso es localizar el justificante y comunicar sus datos bancarios a Gestrisam. Para el resto del sector, la sentencia es un recordatorio de que las zonas de bajas emisiones seguirán existiendo y endureciéndose a medio plazo, aunque algunas ordenanzas caigan en los tribunales por defectos de forma, y de que las decisiones de renovación de flota deben basarse en esa tendencia de fondo más que en el estado judicial de cada norma en un momento concreto.
Carlos Zubialde
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